Columna de L.A.E. ISRAEL GARCIA ZAMUDIO, 1 febrero 2023
El sector agrícola de nuestro país, de nuestro Estado y de nuestro municipio requiere por definición de diversos elementos y acompañamientos a fin de lograr un mejor desarrollo en todas sus vertientes, siendo una de estas el asesoramiento, apoyo legal y jurídico a fin de tener siempre certeza jurídica en la tenencia de la tierra, aspecto fundamental para un crecimiento constante.
Sin embargo, las Instituciones y Dependencias en los diversos ordenes de gobierno encargadas de proporcionar asesoría legal, jurídica y técnica a nuestros campesinos, ejidatarios y comuneros desde hace algunos años han dejado mucho que desear, ya que no han sido garante en proporcionar soluciones reales y concretas a los dueños de la tierra, así como buscar ser expeditos en los diversos tramites y necesidades documentales que los ejidos requieren para su buen desarrollo y desempeño.
La reducción en los presupuestos federales para la operación de dependencias federales como la Procuraría Agraria, El Registro Agrario Nacional, los Tribunales Agrarios, la propia SEDATU, entre otras, ha propiciado un verdadero viacrucis a los usuarios de estas, haciendo inoperante la tramitología en cada una de estas Instituciones, las cuales al estar enfocadas a la atención de uno de los sectores de población en donde estadísticamente existe mas pobreza y marginación que es en nuestra población del medio rural, deberían de procurar una atención humana y de calidad a este sector de la población tan desprotegido, sin embargo en la realidad el tema parecer tomar cada vez aspectos mas deprimentes.
Resulta imperativo una mejor atención en la expedición de la justicia agraria en México, en donde la atención al campesino por los diferentes sectores de gobierno debería de ser una prioridad en la resolución de sus necesidades de diversa índole, sin tener que esperar meses, incluso años cualquier solicitud o gestión que llegan hacer la población del medio rural ante alguna de estas Dependencias.
Si bien es cierto, que el Ejecutivo propone el presupuesto a ejercer para el siguiente ejercicio fiscal en cada una de las dependencias y entidades del gobierno, el legislativo tiene la facultad de hacer las observaciones y modificaciones que considere pertinente, sin embargo nuestros diputados tampoco han mostrado sensibilidad alguna por el medio rural, y han avalado el desproteger a este sector, situación que perjudica directamente a los dueños de la tierra.
Recordemos que mas del 50% del territorio nacional es propiedad social, es decir, es ejido o comunidad, aspecto que debería de ser considerado en la ejecución de mas recursos económicos canalizados a través de las diversas instancias de gobierno que de manera directa brindan atención a las necesidades del medio rural.
Mientras no mejoremos el bienestar de nuestros campesinos y ejidatarios, nuestro campo carecerá de mejores herramientas para alcanzar mejores índices de productividad.
