- Entre los puntos de la reforma electoral se contempla la desaparición de la secretaría ejecutiva del instituto, de las 300 juntas distritales y reducción de las 32 juntas locales, que pondrían en riesgo la organización de procesos electorales
Ciudad de México, 2 de marzo 2023.- Luego que este jueves 2 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del llamado Plan B de la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por considerarlo inconstitucional al dictaminar el cese del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la ley; sin embargo, este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, sostuvo el instituto en un comunicado.
Para ello, el organismo se basa en el artículo 41 de la Carta Magna, en el cual establece en su base V, apartado A, noveno párrafo, que el secretario ejecutivo del INE será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta de su presidente, y así ocurrió el 6 de febrero del 2020, donde Edmundo Jacobo fue elegido por un periodo de seis años, esto, es, hasta el 2026.
De igual forma, señala el INE, la Constitución refiere que no pueden expedirse leyes privativas en contra de una persona específica, y “en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General”, ante lo cual optaron por la impugnación, “sin dejar de acatarla”, y el propia afectado anunció que pedirá su restitución ante el TEPJF.
Pese a la salida de Jacobo Molina, el INE aclaró que prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del instituto impugne la reforma electoral “por las múltiples inconstitucionalidades que presenta”.
Asimismo, agradeció al ahora exfuncionario electoral, por su trabajo de 14 años en el organismo, quien ha contribuido “a la construcción de un México de libertades y derechos”.
En ese sentido, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova afirmó que “en cuanto el orden constitucional democrático sea restaurado”, Edmundo Jacobo será bienvenido de regreso.
Ahora corresponderá citar a sesión del Consejo General para elegir a un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva, hasta en tanto se designa al nuevo o nueva titular de esa área, responsable del diseño del ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral, en la sesión ordinaria del mes de mayo entrante.
El decreto de reforma electoral publicado en el DOF este 2 de marzo, contempla en este aspecto, la desaparición de la Junta General Ejecutiva, y plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros.
Pero también estipula la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales en todo el país, por lo cual cientos quedarán despedidos, y en su lugar se creará una Oficina Auxiliar, a cargo de una persona, quien será la responsable de los aspectos legales y operativos que corresponden a órganos no unipersonales.
Igual marca la reducción de la estructura de las 32 juntas locales electorales en el país, por lo que habrá recorte de personal. Más de mil 500 plazas serían eliminadas con esta reforma, lo cual afectaría la organización de los procesos electorales, desde el padrón electoral, instalación de casillas, cómputo de votos, fiscalización de partidos y de campañas.
Reduce de 100 a 60 días las etapas de capacitación electoral, y de 13 a 10 por ciento el número de ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla. Permite sustituciones de representantes de partidos el mismo día de la jornada electoral, pero comprobado por un código QR.
Quiere empleo vitalicio: AMLO
A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en su mañanera sobre la impugnación que presentará Edmundo Jacobo para su restitución en la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que “a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia”.
Lo anterior, subrayó, porque lleva 14 años de laborar en el organismo electoral, y ganaba 166 mil 759 pesos mensuales, “más que yo”.
Aprovechó para afirmar que la reforma electoral no afecta el funcionamiento del INE, sino pretende tener algunos ahorros en la organización de los procesos electorales, y aun así seguirán destinándose 25 mil millones de pesos en ello, “las más caras del mundo”.
Otros aspectos del Plan B
Aparte de la reestructuración del INE, y que tocará al Servicio Profesional Electoral Nacional, con un recorte del 84 por ciento, contempla que ningún funcionario electoral perciba de ingresos más de lo que gana el presidente de la República. A la vez de fijar a más tardar el 15 de agosto entrante “para la instalación de los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente decreto, para operar en los siguientes procesos electorales”.
En general, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Uno de los temas controversiales es que limita las atribuciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a manifestaciones de servidores públicos que se realicen en el uso de su libertad de expresión o en el ejercicio de sus funciones, no constituyen propaganda gubernamental. Por lo tanto, no serían sancionados. Es decir, podrán realizar actos anticipados de campañas, y funcionarios hacer proselitismo a favor de sus partidos políticos.
También señala que por ningún motivo se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, y ya no se podrán perder registros de candidaturas por omitir los informes de gastos o se rebase el tope de campaña, como ocurrió con los morenistas Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y Raúl Morón Orozco en Michoacán, donde a ambos se les retiró de la postulación a gobernadores en sus respectivas entidades.
Establece la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero voten con pasaporte y que dicho listado sea validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Una vez que se publicó el decreto de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, los partidos políticos podrán presentar acciones de inconstitucionalidad por ese llamado Plan B, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
