Morelia, Mich. ,14 de agosto de 2024.- En una manifestación pública realizada el martes 13 de agosto de 2024, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dio a conocer su postura en contra de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de la asociación, encabezados por la jueza Juana Fuentes Velázquez, advirtieron sobre la posibilidad de un paro nacional si la reforma sigue adelante sin el consenso necesario.
Contexto de la Reforma Judicial
La reforma propuesta por el presidente López Obrador busca modificar diversas estructuras y procedimientos dentro del Poder Judicial, con el objetivo de hacer el sistema judicial más eficiente y accesible. Sin embargo, la propuesta ha generado un debate intenso entre diferentes sectores de la sociedad, especialmente dentro del propio Poder Judicial. Los críticos argumentan que las modificaciones podrían socavar la independencia judicial y afectar la calidad de la administración de justicia.
Advertencias y Reacción de la Jufed
Durante la manifestación, la jueza Juana Fuentes Velázquez expresó que la implementación de la reforma sin un proceso de deliberación exhaustivo podría tener consecuencias negativas para el país. “Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró Fuentes Velázquez.
La jueza argumentó que la reforma presenta numerosas imperfecciones que no solo afectarían a los trabajadores del Poder Judicial, sino también a la integridad y eficacia de los procedimientos judiciales. Según ella, estas imperfecciones podrían menoscabar la independencia judicial y comprometer la justicia en el país.
Medidas de Presión: Paro Nacional
En respuesta a la persistencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— en avanzar con la reforma, la Jufed ha anunciado la posibilidad de tomar medidas drásticas. Fuentes Velázquez informó que una de las opciones contempladas es la suspensión temporal de labores en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.
La jueza explicó que esta medida extrema se consideraría solo como último recurso y con el único propósito de presionar para que la reforma sea revisada a fondo y sea producto de un amplio consenso. “La suspensión de labores se aplicaría con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, señaló Fuentes Velázquez.
Apoyo y Preparativos
Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, Fuentes Velázquez destacó que la preocupación por el futuro de la justicia ha unido al personal del Poder Judicial en torno a esta causa. La Jufed ha comenzado a planificar detalladamente los pasos necesarios para implementar el paro nacional si resulta indispensable. Esta planificación incluye coordinar con otros sindicatos y asociaciones del ámbito judicial, así como establecer los mecanismos para la suspensión de labores.
Llamado a la Legislatura y al Gobierno
En su discurso, Fuentes Velázquez hizo un llamado a la Legislatura y al gobierno entrante para que reconsideren el proceso de reforma. Reafirmó la necesidad de posponer la reforma y de dirigir el debate público hacia una propuesta más profunda y bien justificada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante que detengan el proceso de reforma en septiembre”, manifestó.
La Jufed insiste en que cualquier reforma al sistema judicial debe ser el resultado de un proceso deliberativo exhaustivo que incluya la participación de todos los actores relevantes, y que se debe asegurar que cualquier cambio propuesto sea realmente beneficioso para la justicia en México.
