Morelia, Michoacán, 12 noviembre 2024.- Recientemente, Michoacán ha sido presentado como el estado con menor impunidad en delitos del fuero común a nivel nacional, según el informe Hallazgos 2023 elaborado por Friedrich Naumann Foundation, USAID y México Evalúa. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró que el estado liderara esta medición, destacando un índice de efectividad del 24 %, significativamente superior al promedio nacional de 6.4 %. Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad más compleja que merece ser analizada con mayor detalle.
El informe presenta a Michoacán con un índice de impunidad general en delitos del fuero común de 76.26 %, lo que ubica al estado en el primer lugar de las entidades con menor impunidad, por encima de Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur y Sonora. Esta cifra, en comparación con el promedio nacional de 93.63 %, parece ser un avance notable. Sin embargo, este dato solo refleja una parte de la ecuación.
El índice de impunidad mide la eficacia del sistema de justicia penal para resolver los casos, y la cifra reportada de 76.26 % representa la cantidad de delitos no resueltos o sin consecuencias legales. Si bien es cierto que Michoacán tiene una tasa de “efectividad” en la respuesta a los casos mucho más alta que la media nacional (24 % frente al 6.4 %), el hecho de que casi el 76 % de los delitos del fuero común queden sin respuesta eficaz muestra que aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar una verdadera justicia.
Además, aunque el gobierno del estado resalta la mejora en la efectividad, el informe también subraya que el sistema de justicia en Michoacán —al igual que en otros estados— depende en gran medida de “salidas alternas”, como la negociación o resolución extrajudicial de casos, lo que puede reflejar una falta de capacidad para procesar y resolver casos de manera completamente judicial.
El índice de impunidad más bajo no necesariamente implica que el sistema de justicia de Michoacán sea ejemplar, sino que puede ser el resultado de métodos alternativos de resolución, sin contar con una respuesta robusta y sostenible ante la criminalidad. En otras palabras, mientras que las cifras presentadas pueden parecer alentadoras en papel, la realidad sobre el terreno puede ser más compleja, con una justicia que sigue siendo inalcanzable para muchas víctimas.
