Morelia, Michoacán, 19 noviembre 2024.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó con bombo y platillo la firma de la reforma constitucional que, según él, busca reconocer plenamente los derechos de las comunidades indígenas en Michoacán. Aseguró que este es un “gran paso” al armonizar la constitución local con la federal y brindar una mayor autonomía a los pueblos originarios, sin embargo, cabe preguntarse si realmente se trata de un avance sustancial o solo una maniobra política que busca capitalizar un tema sensible para las comunidades indígenas.
La reforma, que contempla la figura del Gobierno Comunal, la asignación de presupuestos directos a las comunidades y el acceso a programas públicos de infraestructura, educación y seguridad, parece en teoría un logro significativo. El Estado, al establecer que estas comunidades puedan administrar estos recursos, podría estar buscando una mayor autogestión. Sin embargo, la falta de detalles claros sobre cómo se implementará este modelo plantea dudas sobre la viabilidad de estas promesas.
Aunque Ramírez Bedolla destaca la homologación de la Constitución local con la federal, no puede pasarse por alto que las comunidades indígenas en Michoacán han sido históricamente marginadas y no basta con un cambio constitucional para resolver los problemas estructurales de desigualdad y exclusión que enfrentan. El acceso a los presupuestos directos, por ejemplo, puede sonar prometedor, pero la pregunta es si las comunidades realmente estarán preparadas para gestionar estos recursos de manera efectiva, sin depender de los intermediarios tradicionales, como los gobiernos municipales o el propio Estado.
El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas y la promoción de las lenguas autóctonas también son avances importantes en el papel, pero ¿cómo se garantizará que estas medidas tengan un impacto real en la vida cotidiana de las comunidades? La falta de un enfoque integral que contemple educación, salud, y empleo digno podría diluir los efectos positivos de la reforma.
Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, celebró que Michoacán sea el primer estado en armonizar su constitución con la federal, pero nuevamente, la implementación sigue siendo la gran interrogante. Las comunidades indígenas requieren más que palabras en una constitución, necesitan políticas públicas concretas, apoyo real y, sobre todo, una verdadera inclusión en la toma de decisiones a nivel estatal y nacional.
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que la reforma es un acto histórico de justicia, pero tampoco puede ignorarse que este tipo de reformas han sido necesarias desde hace décadas. Que Michoacán haya logrado avanzar en esta cuestión es un paso positivo, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que la reforma se traduzca en mejoras tangibles para las comunidades indígenas.
En resumen, aunque la reforma constitucional en Michoacán es un avance importante en el papel, la verdadera prueba será la implementación de estas medidas y su impacto real en la vida de las comunidades indígenas. El gobierno estatal debe garantizar que esta reforma no se quede en una declaración simbólica, sino que se traduzca en políticas públicas efectivas y en una verdadera transformación de la realidad de los pueblos originarios en Michoacán.
