Chendo de Lombardia
La educación pública en Michoacán atraviesa una crisis profunda, marcada por corrupción, abuso de poder y violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos. Trabajadores del sector educativo acusan directamente a David Alfaro Garcés, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), y a Cristina Portillo Ayala, directora general del Telebachillerato, de ser responsables del deterioro de las condiciones educativas y laborales en la entidad.
Las denuncias incluyen el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas, amenazas y hostigamiento contra docentes que exigen sus derechos, y la manipulación en la asignación de plazas y prestaciones laborales. Alfaro Garcés ha condicionado el pago de prestaciones a los trabajadores por órdenes directas del gobernador, amenazando con que solo se cubrirán “por única ocasión” si retiran sus demandas laborales.
Además, se le acusa de violar el derecho de los docentes de base al asignar Horas-Semana-Mes (HSM) a personal de nuevo ingreso sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley General para el Sistema de las Maestras y Maestros. También ha manipulado los concursos escalafonarios y creado plazas innecesarias, en detrimento de los trabajadores con derechos adquiridos.
Corrupción y Desvío de Recursos.
El modus operandi de Alfaro Garcés y Portillo Ayala incluye tráfico de influencias, nepotismo y favoritismo político, lo que ha inflado la nómina del sector educativo con personal afín, mientras se niegan derechos a trabajadores con años de servicio. Paradójicamente, ambas instituciones han denunciado la existencia de “avi adores” (empleados fantasma) mientras practican esas mismas irregularidades.
La corrupción y la falta de acción de la Contraloría del Estado han tenido consecuencias devastadoras. Miles de jóvenes han abandonado sus estudios, especialmente en comunidades rurales, donde los altos costos del Telebachillerato han convertido la educación en un privilegio inaccesible. En algunos casos, la falta de oportunidades educativas está empujando a los jóvenes a actividades ilícitas como única vía de subsistencia.
Complicidad en la Impunidad.
La crisis se agrava con la inacción de la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Azucena Marín Correa. Más de 1,200 expedientes de fiscalización del gasto público estatal están en el olvido total en sus oficinas, sin avances ni sanciones concretas. Con un plazo límite en noviembre para resolver muchos de estos casos, la promesa de “abatir la impunidad” se desvanece ante la ineficacia institucional.
En una reciente entrevista, Marín Correa reconoció la existencia de 500 hallazgos de irregularidades en las secretarías de Seguridad Pública, Educación, Salud y Finanzas, algunas abiertas desde 2002. Sin embargo, su respuesta ha sido tibia, limitándose a prometer “minimizar errores” sin acciones concretas.
Su historial como defensora de funcionarios acusados genera dudas sobre su imparcialidad. Aunque asegura que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no la presionará para encubrir irregularidades, su falta de resultados refuerza las sospechas de complicidad o incompetencia.
Silencio Oficial y Falta de Soluciones.
El diálogo con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, ha sido infructuoso. A pesar de múltiples mesas de negociación, no se ha resuelto un solo punto de los planteados por los trabajadores. La omisión y el desinterés gubernamental solo han intensificado la indignación y el hartazgo del sector educativo.
La crisis educativa en Michoacán no es solo un problema laboral, sino un atentado contra el derecho fundamental a la educación. La ciudadanía exige una investigación inmediata, sanciones ejemplares y el fin de la impunidad que mantiene secuestradas a las instituciones.