Morelia, Michoacán, 6 marzo 2025. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) ha logrado un amparo en contra de la implementación obligatoria del pago digital, medida impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Esta resolución judicial representa un triunfo significativo para el sindicato, que desde el inicio del año ha manifestado su oposición a la digitalización forzada de los servicios de pago.
El STASPE argumenta que la obligatoriedad del pago digital podría derivar en despidos masivos y vulnera el derecho de los ciudadanos a realizar transacciones en efectivo. Además, señalan que la medida no considera las limitaciones tecnológicas y económicas de diversos sectores de la población, especialmente aquellos con menor acceso a herramientas digitales.
En respuesta, el gobierno estatal ha defendido la iniciativa como una estrategia para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal. El gobernador Ramírez Bedolla ha sostenido que la digitalización es un paso necesario para modernizar la administración pública y garantizar transparencia en las finanzas estatales.
A pesar de las justificaciones oficiales, el STASPE ha mantenido una postura firme en contra de la medida. El sindicato ha organizado múltiples protestas en el centro de Morelia, expresando su rechazo al pago digital obligatorio y alertando sobre las posibles consecuencias negativas para los trabajadores y la ciudadanía en general.
La reciente concesión del amparo al STASPE representa un revés para la administración de Ramírez Bedolla y pone en evidencia la necesidad de un diálogo más inclusivo y considerado en la implementación de políticas públicas. La digitalización de los servicios gubernamentales es una tendencia global, pero su adopción debe ser equilibrada, considerando las realidades socioeconómicas y garantizando que ningún sector de la población sea marginado o afectado negativamente.
Este fallo judicial abre la puerta a una revisión de la estrategia de digitalización en Michoacán, invitando a las autoridades a replantear su enfoque y a trabajar de la mano con los sindicatos y la sociedad civil para encontrar soluciones que beneficien a todos, sin imponer medidas que puedan ser percibidas como autoritarias o excluyentes.