Por Cristóbal Hernández Netro, Corresponsal para Pulso Michoacano
Morelos, México — Una serie de ataques armados contra unidades del transporte público conmocionó este lunes a los municipios de Tlayacapan, Yautepec y Totolapan, en el estado de Morelos. Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando sujetos armados, actuando de manera aislada o en grupo, abrieron fuego contra vehículos de la ruta 14, lo que obligó a la suspensión inmediata del servicio en la zona.
De acuerdo con testigos y autoridades locales, las agresiones fueron perpetradas con total impunidad, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables. Los agresores huyeron rápidamente de los lugares de los hechos, evidenciando una acción cuidadosamente planeada y ejecutada con premeditación, alevosía y ventaja.
Este nuevo episodio de violencia ha generado alarma entre los usuarios del transporte público y ha puesto en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad en el estado. La ola de ataques coincide con un contexto de creciente presencia del crimen organizado en la entidad, fenómeno que ha persistido a pesar de los cambios recientes en el gabinete de seguridad estatal.
Cabe recordar que el exfiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, fue destituido tras ser señalado como uno de los responsables del deterioro de la seguridad en Morelos. En su lugar fue designado Édgar Maldonado Ceballos, quien asumió el cargo con el compromiso de reforzar la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, a juicio de ciudadanos y expertos, los hechos recientes evidencian un recrudecimiento de los actos delictivos.
La población morelense, afectada directamente por estos ataques, ha expresado su indignación ante la falta de resultados tangibles en materia de seguridad. Las promesas y declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, han sido calificadas por algunos sectores como insuficientes ante la creciente ola de violencia.
Los ataques contra el transporte público no solo representan una amenaza directa a la integridad de conductores y pasajeros, sino que también afectan el tejido social y económico de comunidades que dependen diariamente de este servicio para sus actividades cotidianas.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre los ataques, ni se ha informado sobre avances en las investigaciones.