Morelia, Mich. 30 abril 2025.— Tras varios días de permanecer privado de su libertad, este martes fue liberado el primer vecino vigilante de Villas del Pedregal que había sido detenido por elementos de la Policía Morelia y posteriormente consignado ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), para después ser remitido al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mil Cumbres.
De acuerdo con información confirmada por representantes legales y habitantes de esa unidad habitacional, el ciudadano había sido detenido en circunstancias poco claras mientras participaba en labores comunitarias de vigilancia vecinal, como parte de los esfuerzos organizados por los propios residentes para mejorar la seguridad en la zona.
La detención, que generó inconformidad y protestas por parte de vecinos del fraccionamiento, fue calificada como arbitraria por diversos colectivos ciudadanos, quienes señalaron que la acción policial criminalizaba la participación comunitaria en la prevención del delito, en un contexto donde las autoridades municipales han sido señaladas por su falta de respuesta ante los constantes reportes de inseguridad en Villas del Pedregal.
Una vez consignado ante la Fiscalía estatal, el caso fue turnado al Cereso de Morelia, donde el ciudadano permaneció varios días hasta que finalmente un juez determinó su liberación por falta de pruebas suficientes para sustentar las imputaciones. La resolución judicial ha sido interpretada por sus familiares y vecinos como un acto de justicia tardía, pero necesaria, que confirma las inconsistencias del procedimiento.
La liberación fue recibida con muestras de apoyo y solidaridad por parte de los habitantes del fraccionamiento, quienes reiteraron su exigencia al Ayuntamiento de Morelia para que cese el hostigamiento contra los comités vecinales y se garantice su derecho a organizarse pacíficamente para proteger a sus familias y su patrimonio.
Vecinos y representantes legales anunciaron que seguirán dando acompañamiento a los casos pendientes de otros ciudadanos detenidos bajo circunstancias similares y no descartaron presentar denuncias por abuso de autoridad y detención ilegal contra quienes resulten responsables.
Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la acción policial, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de fortalecer los mecanismos ciudadanos de participación en materia de seguridad pública, especialmente en zonas donde la percepción de abandono institucional sigue siendo alta.