Morelia, Mich. 2 mayo 2025.– Crece la indignación social tras la denuncia pública de abusos cometidos por la Policía de Morelia y la Fiscalía del Estado, luego de que tres vecinos de la colonia Villas del Pedregal, quienes se organizaban para proteger su comunidad de la delincuencia, fueran detenidos, golpeados y, presuntamente, torturados por las autoridades. Uno de ellos, menor de edad y ya liberado, asegura que fueron víctimas de fabricación de delitos, tortura física y amenazas.
El caso se remonta al intento de los denominados vecinos vigilantes de detener a dos presuntos ladrones sorprendidos en flagrancia. De acuerdo con testimonios, los infractores fueron sorprendidos robando objetos que luego fueron plenamente identificados por las víctimas. Al intentar escapar uno de los sospechosos, los vecinos procedieron a inmovilizarlo amarrándole las manos, en espera de la intervención de las autoridades.
Sin embargo, la situación se tornó absurda y alarmante cuando, en lugar de actuar contra los ladrones, la supervisora de Policía Morelia, haciendo caso omiso de las pruebas —los objetos robados, los testimonios de las víctimas y la presencia de los supuestos infractores—, decidió poner a disposición del Ministerio Público a los vecinos por el delito de privación ilegal de la libertad. Todo esto, sin una investigación adecuada y sin considerar el contexto evidente de legítima defensa y detención ciudadana.
Los tres vecinos estuvieron en calidad de desaparecidos por varias horas, ya que ni sus familiares ni sus representantes legales sabían su paradero. Fue hasta el día siguiente que se supo que se encontraban en instalaciones de la Fiscalía del Estado.
Uno de los detenidos, menor de edad, denunció públicamente haber sido golpeado, torturado y amenazado por elementos dentro de la Fiscalía. A raíz de estos señalamientos, se ha levantado una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), registrada bajo el número 5090/2025Q, en contra de la Policía de Morelia y de la Fiscalía estatal.
Organizaciones civiles, vecinos de la colonia y ciudadanos en general han expresado su preocupación ante lo que consideran una criminalización de la autodefensa comunitaria, en un contexto en el que la población ha tenido que organizarse ante la creciente inseguridad y la ineficiencia de las autoridades.
Se exige una investigación inmediata, imparcial y transparente sobre la actuación de los elementos policiacos involucrados, así como la revisión del actuar de la supervisora que tomó la decisión de procesar a los vecinos en lugar de los delincuentes. Además, se pide atención urgente a las denuncias de tortura, una práctica inadmisible en un estado de derecho.
Este caso ha puesto en entredicho no solo el criterio de la Policía de Morelia, sino también la voluntad real de las instituciones para proteger a la ciudadanía en lugar de castigarla por ejercer su derecho a la defensa y organización comunitaria.