Morelia, Mich. 13 mayo 2025.- La revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres, ha generado controversia debido a las versiones contradictorias sobre las causas detrás de esta decisión.
Mientras la mandataria asegura que se trata de un procedimiento administrativo sin acusaciones, reportes periodísticos sugieren una posible investigación por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
La versión oficial: “No hay delito”
En una conferencia de prensa este lunes 12 de mayo, Marina del Pilar afirmó que la cancelación de su visa no obedece a ningún delito, sino a una decisión unilateral de EEUU sin explicación formal.
“No hay acusación, no hay falta que perseguir. Respeto la soberanía de Estados Unidos, pero estoy tranquila y con la conciencia limpia”, declaró, acompañada de su gabinete.
Su esposo, Carlos Torres, también negó irregularidades y atribuyó el hecho a “disposiciones internas del Departamento de Estado”, anunciando que buscará asesoría legal para revertir la medida.
Las otras versiones: Investigación y señalamientos
Sin embargo, medios como Zeta Tijuana y el periodista Luis Chaparro revelaron información distinta:
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La revocación habría sido ordenada desde Washington como parte de una investigación por lavado de dinero, vinculando a la pareja con empresarios y el cártel de Los Rusos en Mexicali.
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Según Chaparro, la gobernadora habría pedido discreción a autoridades estadounidenses durante el Tianguis Turístico de Rosarito para evitar filtraciones.
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Fuentes sugieren que podrían seguir más cancelaciones de visas a funcionarios mexicanos bajo investigación.
Antecedentes y repercusiones
Consultores en seguridad recordaron que, durante su campaña, se acusó a Marina del Pilar de recibir financiamiento ilícito del crimen organizado, aunque nunca se comprobó.
La Embajada de EEUU se limitó a señalar que no puede comentar casos individuales, pero expertos consideran que esta acción no se toma sin evidencia sólida.
Este caso marca un precedente histórico, al ser la primera vez que un gobernador en activo de Baja California pierde su visa estadounidense, en medio de un contexto de estrecha relación binacional.