Morelia, Mich., 19 de agosto del 2025.- El doctor José Luis Baltazar Vega denunció ser víctima de un despojo injusto y lleno de irregularidades por parte de actuarios de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en Morelia.
En rueda de prensa, dijo que el asunto se remonta al 2014, año desde el que enfrenta un proceso legal que, señala, está sustentado en domicilios falsos, acusaciones inventadas y tráfico de influencias, y que amenaza con arrebatarle el patrimonio familiar.
Relató que fue demandado por un albañil que trabajó para él bajo la modalidad de destajo, quien lo acusó de no pagarle sus servicios. “Me inventaron domicilios inexistentes en Morelia para notificarme, cuando yo vivía en Querétaro. Con esa maniobra me dejaron sin defensa y levantaron un caso totalmente manipulado”, aseveró.
Se le exige, añadió, el pago de un millón de pesos por la supuesta deuda laboral, mientras que su esposa enfrenta otra demanda del mismo trabajador por 500 mil pesos adicionales, debido a que también participaba en la obra en construcción. En conjunto, la familia está en riesgo de perder un lote ubicado en la colonia Agrarismo, un terreno de interés social que ya se encuentra en proceso de embargo.
“Es algo verdaderamente grave, porque prácticamente toda mi familia está ya en remate. Lo que comenzó como un contrato por destajo se convirtió en un proceso y agregó que efectivamente contrató al albañil, pero asegura que los pagos se realizaron conforme a lo acordado.
La raíz del problema, puntualizó, está en la forma en que se condujo el procedimiento laboral, donde las notificaciones fueron enviadas a direcciones inexistentes y las pruebas presentadas nunca fueron valoradas adecuadamente.
Denunció que detrás del caso podría haber intereses externos que han influido en la actuación de las autoridades laborales. “Aquí hay contrabando de influencias y corrupción. No puede ser que las pruebas de las anomalías estén a la vista y nadie haga nada”, declaró.
“Exijo a la Suprema Corte de Justicia y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que intervengan. Este es un caso que lleva más de diez años y que refleja cómo los ciudadanos quedamos en total vulnerabilidad frente a un sistema que en lugar de impartir justicia, permite abusos”, señaló.
El caso del doctor José Luis ilustra una problemática recurrente en los juicios laborales: la indefensión de los demandados ante notificaciones irregulares, interpretaciones sesgadas y posibles actos de corrupción que, en lugar de equilibrar la relación trabajador-patrón, terminan afectando gravemente a las familias.
Hoy, el profesionista y su esposa siguen luchando contra la pérdida de su patrimonio, con la esperanza de que las autoridades federales y estatales revisen el expediente y frenen lo que consideran un atropello legal y humano.