Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 07 septiembre 2025.- La cosa en la Marina se puso más turbia que aceite quemado. La Fiscalía General de la República (FGR) anda indagando que el homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, junto con la ejecución de la auxiliar Magaly Janet Nava Ramos, no fueron crímenes aislados, sino que estarían bien conectados con una red de huachicol fiscal que operaba desde los puertos, con marinos y aduaneros metidos hasta el cuello.
Según reveló el diario Reforma en un reportaje de Abel Barajas, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna —sí, los mismos ligados al exsecretario de Marina Rafael Ojeda— habrían encabezado esta mafia que movía combustible chueco desde Altamira y Tampico. Nada de piperos improvisados: se habla de 31 buques de combustible y más de 10 millones de litros asegurados en un año, todo disfrazado como “aditivos para aceites”.
El tema se puso más denso porque Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, ya había denunciado esas movidas en una carta enviada meses antes al propio Ojeda. En ella acusaba a Roberto Farías de manipular designaciones de marinos en aduanas para mantener el bisne sucio. Semanas antes, la auxiliar de la FGR, Nava Ramos, también fue ejecutada en Colima. Ambos crímenes, dice la investigación, se hicieron con la misma receta: dos sicarios en moto, armas calibre 9mm y apoyo de un carro de escolta.
El operativo que destapó el cochinero fue anunciado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y ya trajo varios peces gordos tras las rejas: el vicealmirante Manuel Roberto Farías (ya en el Altiplano), el capitán de Navío Climaco Aldape, el capitán de Navío Humberto López Arellano, además de exfuncionarios de la aduana de Tampico y Altamira como Francisco Javier Antonio Martínez y Endira Xóchitl Palomo.
Pero no todos cayeron: el contralmirante Fernando Farías y el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano siguen prófugos, mientras la FGR le sigue rascando al avispero.
La investigación apunta a que los homicidios fueron un mensaje para callar a quienes se animaron a denunciar las transas en las aduanas. Y como suele pasar en estos jales, no se descarta que hubiera complicidad de personal de la propia Marina para tumbar al contralmirante.
En resumen: lo que parecía un ajuste de cuentas aislado pinta como parte de una red criminal del tamaño del Golfo, donde militares, funcionarios y empresas se sirvieron con la cuchara grande del huachicol fiscal.