Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 16 noviembre 2025- Pues otra vez salió el peine en el tema del transporte público en Michoacán. Según la banda de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM), comandado por María Elena Huerta Moctezuma, anda moviendo las piezas nomás pa’ acomodarle el negocio a unos cuantos, mientras el usuario común —el que se trepa diario al camión a chambear— es lo que menos les importa.
En la reunión encabezada por José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la CRT, se soltó la bomba: que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y su pandilla de confianza están tratando de ahorcar lentamente a los concesionarios mientras se apalancan con sus operadoras Gladys Butanda y la propia Huerta Moctezuma, quienes, según ellos, saldrán más millonarias que beneficiarias del bienestar.
La raza transportista no se guardó nada: aseguran que el ITEM vuelve a querer justificar decisiones políticas con “estudios técnicos” que nomás están al servicio de los amigos del poder. Y esto mientras la movilidad en Morelia y en todo el estado sigue hecha un relajo, con colonias enteras —Villas del Pedregal, La Hacienda, Villa Magna, Villas de la Loma y otras más— abandonadas desde hace años sin rutas dignas. Cuatro años tuvieron para hacer las cosas bien y nomás se hicieron patos.
Encima, recordaron el caso del PIMUS en Uruapan, el estudio que dijo clarito que el teleférico era una mala idea: inviable, carísimo y con necesidad de un subsidio mensual de 20 millones de pesos. Adivine qué pasó: pues el gobierno hizo como que no vio nada y de todos modos lo impulsó. Así que para los transportistas, eso de los “estudios técnicos” ahorita nomás suena a chiste local.
Por eso, dicen que lo que realmente está en juego no es la movilidad del pueblo, sino el negociazo entre unos cuantos cuates y el poder. Los concesionarios, esos que llevan décadas sacando adelante el transporte público aunque sea con camiones viejos y calles peor que coladera, se sienten ignorados, desplazados y ahora hasta criminalizados.
Y la pregunta que quedó rebotando en la mesa está bien directa: ¿por qué creerle hoy al ITEM si el gobierno nomás hace caso a los estudios cuando le conviene?
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