En la opinión de Manuel Maldía.
La verdadera naturaleza de una corporación de seguridad no se mide por sus discursos oficiales, sino por su capacidad de respuesta ante los ciudadanos más vulnerables.
Lo ocurrido recientemente en Morelia con una mujer de 98 años no es solo un incidente de movilidad o comercio; es el síntoma de una institución que parece haber perdido su brújula moral.
La escena narrada a continuación ocurrió aquí, en la ciudad de las canteras rosadas y las omisiones grises.
Una mujer de 98 años —noventa y ocho, es decir, casi un siglo de sobrevivir elecciones, crisis y gobiernos— era trasladada en silla de ruedas a una revisión médica. La bisabuela —acompañada por su familia y una niña de 10 años— se topó con una barrera física y humana. Una rampa de acceso, derecho universal a la movilidad, estaba bloqueada por comerciantes callejeros.
Y entonces ante la solicitud de “permiso para pasar” apareció el muro invisible del “usted no pasa”.
La rampa de acceso —ese invento civilizatorio que simboliza el derecho mínimo a moverse sin pedir permiso— estaba ocupada por comerciantes que tienen la costumbre impune de adueñarse de lo que es de todos. Lo que siguió fue el catálogo habitual del valiente multitudinario: insultos, empujones, amenazas. Todo frente a una anciana centenaria y una menor de edad.
Lo que debió ser un paso libre se convirtió en un escenario de violencia.
Hasta ahí, la crónica sería la de siempre: el espacio público privatizado por decreto fáctico. Pero lo verdaderamente revelador vino después.
La omisión: el vacío de la autoridad municipal.
La familia llamó al número de emergencia de la Policía de Morelia, sintiéndose acorralada por un grupo numeroso.
Y la Policía hizo lo que mejor sabe hacer cuando el conflicto tiene aroma a clientela electoral: nada.
la respuesta no fue el despliegue de una patrulla para proteger a la mujer de 98 años y a la niña de 10, ni la mediación para restablecer el orden. La respuesta fue el silencio y el abandono.
No llegó la patrulla. No hubo mediación. No apareció el uniforme que en los discursos se presenta como “proximidad social”, no apareció la “institución preparada, certificada y confiable” según reza la “Visión” de Policía Morelia.
El teléfono de emergencia se convirtió en buzón de sugerencias al vacío. La fuerza pública municipal decidió que una mujer de 98 años podía esperar. O retroceder. O resignarse.
Al ignorar el llamado de auxilio, la policía no solo incumplió su reglamento interno y su deber ético; envió un mensaje peligroso a la ciudadanía: en Morelia, el derecho del que agrede y obstruye pesa más que el derecho de quien necesita protección.
Aquí es donde el dilema deja de ser operativo y se vuelve moral.
Porque una corporación no se define por el número de elementos o patrullas, sino por su respuesta a las necesidades de los ciudadanos a los que debe proteger. Si frente a una anciana en silla de ruedas la respuesta es la evasión estratégica, la conclusión es brutal: el cálculo político pesa más que el deber.
“Ignorar a una mujer de casi un siglo de vida y a una niña en medio de una agresión no es falta de elementos ni de capacitación; es una decisión política de no intervenir donde hay conflictos con grupos de comerciantes.”
¿A quién sirve realmente la policía?
Si la consigna tácita es “no tocar a los grupos organizados”, si la orden es “solapar” para evitar conflictos políticos con gremios de comerciantes, entonces la seguridad pública se ha convertido en una moneda de cambio. Se protege al que presiona, no al que necesita. Se mide el costo electoral antes que la urgencia humana. Y en ese trueque, la dignidad de una mujer de casi un siglo se vuelve daño colateral.
La protección de los derechos humanos de los adultos mayores y de los niños no puede ser opcional. No es un asunto de falta de capacitación. Es mucho peor: es una decisión política que viene de arriba.
Decidir no intervenir es inclinarse a favor del más fuerte. Decidir no acudir es tomar partido por el agresor. La omisión, en estos casos, no es neutralidad; es complicidad con uniforme.
Dejar a una familia a su suerte es, en los hechos, ser cómplice de la agresión.
Este episodio le devuelve a la Policía de Morelia una imagen incómoda: la de una institución que duda entre cumplir su juramento o administrar silencios.
Porque proteger a una anciana y a una niña no debería ser un acto de negociación. Debería ser la rutina que cumpla cada uno de los elementos, sin voltear a ver al jefe esperando su aprobación.
Cuando la rutina se convierte en excepción, el problema ya no es la rampa bloqueada. Es la brújula moral de quienes juraron mantener el orden y proteger al más débil; es decir, de la Policía de Morelia, hoy recién nombrada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, para mayor ironía.