Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 19 febrero 2026.- Dicen que cuando el río suena es porque alguien ya anda nervioso. Y ahora el ruido viene del otro lado del río Bravo. Al general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), le pusieron lupa desde Washington por una presunta red de “huachicol fiscal” y lavado de dinero que, según las investigaciones, brincó fronteras como si nada.
Uno, como ciudadano de a pie, no puede evitar sentir que la cosa huele raro. Porque mientras el CNI tenía la misión de vigilar al crimen, ahora resulta que al que vigilaban era al vigilante. Autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) indagan un esquema donde hidrocarburos salían de Petróleos Mexicanos (Pemex), cruzaban a Texas, se “maquillaban” en refinerías y regresaban como si fueran aceites o lubricantes, evadiendo impuestos como el IEPS y el IVA. Negocio redondo… pero para unos cuantos.
El golpe no es menor. Se habla de una red que habría operado desde las entrañas del aparato de seguridad nacional. Y lo que más cala es el posible conflicto de interés: mientras el general dirigía la inteligencia del país, familiares cercanos consolidaban empresas de seguridad privada y comercialización de combustibles, con contratos federales que superan los 500 millones de pesos desde 2019.
Como si eso no fuera suficiente, las investigaciones salpican nombres pesados del sexenio pasado, incluyendo al exsecretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval y al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, en operaciones relacionadas con bienes inmuebles y logística aduanera. Se habla de más de 500 empresas bajo revisión, muchas presuntamente creadas al vapor.
En el sureste, además, coinciden fechas y silencios incómodos. La expansión del grupo criminal “La Barredora” ocurrió mientras el CNI recibía reportes que, según versiones, no detonaron acciones contundentes. Y eso, para quienes vivimos el día a día de la inseguridad, suena a omisión o algo peor.
También pesan señalamientos sobre el uso político de la inteligencia. Testimonios apuntan a que el aparato de espionaje habría sido usado para golpear adversarios internos, incluyendo al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, en medio de jaloneos por el poder.
Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada. Dijo no tener conocimiento directo de las investigaciones y dejó el tema en manos de la FGR. Pero la presión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que persigue delitos financieros cuando pasan por su sistema bancario, complica cualquier intento de cerrar filas.
Y aquí es donde uno se pregunta: ¿cómo es que el órgano encargado de cuidar la seguridad nacional tenía un presupuesto superior a 2 mil 600 millones de pesos al año, y aun así no vio —o no quiso ver— un boquete fiscal que, según cifras oficiales, ronda los 400 mil millones de pesos anuales por evasión ligada al huachicol?
Desde la banqueta se siente feo. Porque mientras a nosotros nos revisan hasta el último recibo de luz, arriba se movían millones en gasolina fantasma. Y si todo esto se confirma, sería el retrato perfecto del cinismo: cobrar por vigilar… y cobrar por dejar pasar.
Hoy el “ojo de Dios” está bajo el microscopio. Y el ciudadano común solo espera que esta vez la justicia no se quede en discurso, ni se archive en un cajón con sello confidencial. Porque de escándalos estamos llenos; de castigos ejemplares, no tanto.