Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 20 febrero 2026.- Aquí abajo, donde uno se gana el taco diario, la noticia cae como cubetazo de agua helada: una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) apunta a que al menos 34 marinos habrían formado parte de una red de huachicol fiscal al interior de la Secretaría de Marina (Semar). Sí, esos mismos que juraron cuidar los mares y los puertos.
Todo salió a flote tras la difusión de un audio revelado por Aristegui Noticias, donde el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar advertía al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre una presunta red ligada al contrabando de combustible. Guerrero fue asesinado en noviembre de 2024, y aunque la Marina dijo no haber encontrado irregularidades, la FGR mantiene abierta la carpeta.
El entonces fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que hubo comentarios sobre posibles actos de corrupción, pero —según su versión— sin pruebas concluyentes en su momento. Ahora, la historia vuelve con más nombres y más lodo.
¿Quiénes están en la mira?
De acuerdo con reportes periodísticos, la red habría operado desde aduanas clave: Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el AICM. Entre los señalados aparecen mandos como el almirante José Luis Arellano Ruiz; el capitán de corbeta Miguel Solano; el capitán Clímaco Aldape Utrera; el teniente Octavio Sánchez Alatorre; el vicealmirante Miguel Rivas Hernández; y otros altos oficiales que presuntamente facilitaron el trasiego de combustible y mercancías.
Según las versiones, algunos fungían como operadores financieros; otros como enlaces con grupos criminales, incluyendo señalamientos de pactos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se habla de infiltraciones en áreas de inteligencia naval y de protección desde altos mandos para blindar el negocio.
El tamaño del negocio
Aquí es donde uno aprieta los dientes. Las cifras que se manejan marean: compensaciones mensuales de hasta ocho millones de pesos para ciertos administradores de aduanas; cinco millones para otros; y una recaudación semanal que superaría los 50 millones de pesos.
Mientras tanto, el discurso oficial era de combate frontal al huachicol. Pero si las acusaciones se sostienen, estaríamos hablando de una estructura que no solo miraba para otro lado, sino que cobraba por dejar pasar.
Lo que está en juego
Para el ciudadano común, esto no es solo un escándalo más. Es la sensación de que el uniforme y las insignias no garantizan honestidad. Que mientras a uno le suben impuestos y le revisan hasta el último papel, arriba se cocinaban millones con combustible fantasma.
La investigación sigue abierta. No hay sentencias ni culpables declarados, solo nombres bajo sospecha y expedientes en curso. Pero el golpe a la credibilidad ya está dado.
Y uno, desde la banqueta, solo espera que esta vez no se archive todo bajo la alfombra del “no pasó nada”. Porque cuando la corrupción se viste de blanco naval, el daño no solo es económico: es moral. Y ese, compa, tarda más en repararse.