Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 21 febrero 2026.- Allá en el vecino del norte se armó la grande. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados que había impuesto el presidente Donald Trump contra distintos países, al considerar que esa medida no pasó por el Congreso y, por lo tanto, no tenía sustento legal.
El fallo se dio este viernes 20 de febrero, cuando los magistrados respaldaron la decisión de un tribunal inferior que ya había declarado ilegales los gravámenes. El argumento fue claro: el Ejecutivo utilizó una ley de 1977 pensada para emergencias internacionales, no para imponer aranceles de manera amplia y permanente.
Según el Gobierno estadounidense, esa normativa le daba al presidente la facultad de aplicar impuestos a las importaciones. Con esa interpretación, Trump se convirtió en el primer mandatario en usar esa ley para subir aranceles de forma generalizada. Pero el tribunal inferior consideró que esa lectura invadía facultades exclusivas del Congreso.
Además, los jueces invocaron la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, que establece que cualquier acción del Ejecutivo con enorme impacto económico y político debe contar con autorización clara del Congreso. En pocas palabras: si el golpe pega fuerte en la economía, no se puede decidir desde una sola oficina.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, sostuvo que el mandatario debía “apuntar a una autorización clara del Congreso” para justificar un poder tan extraordinario como imponer aranceles generalizados.
La impugnación fue presentada por empresas afectadas y por 12 gobiernos estatales —en su mayoría demócratas— que argumentaron que la medida alteraba el comercio y encarecía productos sin respaldo legislativo.
Como era de esperarse, Trump no se quedó callado. Calificó la decisión como “profundamente decepcionante” y dijo sentirse “absolutamente avergonzado” por ciertos miembros de la Corte, a la que incluso acusó de estar influida por intereses extranjeros.
En lo económico, el golpe no es menor. De acuerdo con estimaciones del modelo presupuestal Penn-Wharton citadas por Reuters, el Gobierno estadounidense habría recaudado más de 175 mil millones de dólares por esos aranceles. Ahora se abre la posibilidad de que parte de ese dinero tenga que ser reembolsado.
Mientras tanto, la Unión Europea informó que analiza con lupa la decisión judicial y mantiene contacto con la administración estadounidense. Del otro lado del Atlántico, empresarios piden estabilidad y reglas claras, porque cuando se mueven los aranceles, tiemblan mercados enteros.
Desde este lado del río Bravo, uno lo ve y entiende que allá también se dan sus agarrones entre poderes. La lección parece sencilla: aunque el presidente quiera mover la economía a billetazos y decretazos, hay límites. Y cuando esos límites se llaman Congreso y Corte Suprema, no basta con querer; hay que poder… y poder legalmente.