Columna de opinión de Manuel Maldía.
En esta ciudad donde el silencio institucional suele pesar más que las balas, ha caído, Alejandro González Cussi, hasta hace unas horas comisionado de la Policía Municipal. Su renuncia, inevitable tras un escándalo que lo desbordó, y que nos obliga a mirar con más detalle lo que sucede en las cloacas del poder local.
No se trata de una caída sorpresiva. Era cuestión de tiempo. Cussi, quien se vendió como el tecnócrata de la seguridad —el reformador con visión futurista, el artífice del “modelo Morelia”— terminó sucumbiendo a lo más antiguo de la función pública: la arrogancia del poder y la impunidad de quienes portan uniforme. Y no cualquier impunidad, sino la más vulgar: la de beber en servicio, intimidar a ciudadanos y detenerlos por ejercer su derecho a denunciar con pruebas grabadas.
El video que lo sepultó es apenas la chispa. El incendio viene de antes.
Porque no olvidemos que esta corporación ya tenía manchas. Hace apenas unas semanas, una supervisora de la policía municipal arrestó y envió al CERESO a tres vigilantes comunitarios del fraccionamiento Villas del Pedregal. Los acusaron de “secuestro”, cuando en realidad intentaban proteger su entorno. El caso se desmoronó en el juzgado porque, como en tantas otras ocasiones, la policía no presentó las cámaras corporales de los elementos, ni se dignó a comparecer. Pero los ciudadanos pasaron una semana en prisión. Eso también es violencia.
En todo este desastre brillan por su ausencia las grabaciones de las cámaras corporales, que se nos vendieron como símbolo de modernidad, rendición de cuentas y vigilancia interna. ¿Dónde están esas grabaciones cuando más se necesitan? ¿Por qué nunca aparecen cuando los señalamientos van contra los propios agentes? La tecnología, sin voluntad política y sin protocolos transparentes, se convierte en adorno caro o, peor aún, en coartada inútil.
Lo más grave es que desde el gobierno municipal se pretendía vender este esquema como un “modelo nacional de policía”. Así lo promovían en foros, congresos y comunicados oficiales. “Morelia, ejemplo nacional en seguridad ciudadana”, rezaban los discursos mientras aumentaban los robos en colonias periféricas y las detenciones arbitrarias eran pan de cada día. El supuesto modelo, en realidad, era una estructura vertical, autoritaria y sin controles reales. Un cascarón mediático.
Organizaciones civiles, colectivos y asociaciones vecinales han señalado desde hace meses la falta de mecanismos efectivos de supervisión y castigo a elementos que incurren en prácticas irregulares. La reciente detención de los jóvenes que grabaron a policías de Morelia “refrescándose” con bebidas alcohólicas y que fue difundida ampliamente en redes sociales, fue la gota que derramó el vaso en una administración que ya enfrentaba un severo desgaste en materia de seguridad pública.
La salida de González Cussi también representa un revés político para el alcalde Alfonso Martínez, quien ha mantenido un estrecho vínculo con el ahora ex comisionado desde su primer periodo al frente del gobierno municipal. Lo trajo en su primer mandato y lo sostuvo en el segundo, apostando por un modelo de seguridad que se terminó cayendo a pedazos ante los ojos de todos.
La caída de Cussi no es el final, sino apenas el punto más visible de una podredumbre institucional que, si no se enfrenta con decisión y transparencia, seguirá carcomiendo la seguridad de Morelia. Porque las patrullas nuevas y los uniformes relucientes no sirven de nada si los que los portan creen que están por encima de la ley.
¿Quién vigila a los que deben vigilar? Esa es la pregunta que ha quedado en el aire, más pesada que nunca.
Y mientras tanto, el comisario interino Pablo Alarcón toma las riendas de una corporación fragmentada, desconfiada por la ciudadanía, y con un historial de abusos difícil de borrar con discursos bonitos.