- Se envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial; oposición impugnará ante la Corte por considerarlo inconstitucional
Ciudad de México, 22 de febrero 2023.- Con el apoyo de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó con 70 votos a favor y 50 en contra, el llamado Plan B, pero excluyó la “cláusula de vida eterna”, por lo que se envió al Ejecutivo federal para su publicación. Sin embargo, los legisladores de oposición anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarlo abajo.
Una sesión álgida de siete horas, donde los morenistas sacaron a relucir la declaración de culpabilidad al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, implicando al Partido Acción Nacional (PAN), así como la marcha del próximo domingo “por la democracia”.
Durante el debate, el líder de la fracción panista en la Cámara Alta, Julen Remtería acusó al Movimiento de Regeneración Nacional de querer “robarse la elección del 2024”, y en el mismo sentido se pronunció su correligionaria Kenia López Rabadán, mientras los del partido del presidente de la República sacaban imágenes de García Luna, funcionario en los gobiernos blanquiazules de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Entre las intervenciones de la discusión en lo general, el morenista César Cravioto Moreno apuntó que la oposición lleva nueve meses mintiendo sobre el tema, “a eso se han dedicado los últimos 40 años, y ahora quieren realizar su movilización para frenar esta reforma, que lo que busca es frenar el derroche y la corrupción en el INE”.
Eunice Romo Molina, senadora del Partido Encuentro Social (PES), expresó que las y los senadores de oposición no ocupan su tiempo para discutir sobre la eliminación de la cláusula que contiene el proyecto de dictamen, no quieren un sistema de partidos institucional ni que se termine el derroche del dinero de la población, por el contrario, convocan a marchas en favor de un instituto que avaló fraudes electorales.
Por Acción Nacional, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román expresó que esta reforma está llena de “rencor y odio”, pues el fondo es “debilitar y destruir” al árbitro electoral. “Hoy culmina esta etapa legislativa que continuaremos como oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, anunció.
De Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado dijo que hay un vacío legal en esta sesión, porque se actúa al margen de la Constitución, por lo que consideró que estas acciones son “regresivas, producto de la cerrazón”, para aprobar “una reforma tóxica, pervertida y antidemocrática”.
A su vez, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Fócil Pérez señaló que el “Plan B” de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución y traiciona la lucha histórica de la izquierda. Advirtió que con la reforma se deja sin empleo al 85 por ciento del servicio profesional electoral del INE.
Del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones del 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.
En tanto, la priista Beatriz Paredes Rangel subrayó que su rechazo al Plan B es debido a que no robustece la democratización del país, ni elecciones transparentes y equilibradas, sino las debilita, y alertó que existe el riesgo de una elección de Estado para el 2024.
El perredista Antonio García Conejo, en su oportunidad, estableció que la marcha del domingo 26 no es para defender a una persona, en ese caso al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sino a una institución.
Previamente, y a nombre de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, la morenista Mónica Fernández Balboa presentó el dictamen que propone el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establecía la distribución de votos de un partido a otros, si estos no alcanzaran el 3 por ciento requerido para mantener su registro, la llamada cláusula de vida eterna, no se aprobara en esta reforma electoral, lo cual fue avalado.
En ese sentido, el propio presidente López Obrador rechazó esa propuesta, que fuera aprobada el 15 de diciembre último por la Cámara de Diputados.
Pero el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que con esta reforma se “mantiene vivo” el contenido de la denominada “cláusula de la vida eterna”.
Lo aprobado fue enviado al Ejecutivo Federal para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural, podrán acudir a la Corte de Justicia para impugnar esa reforma, o Plan B, como ya lo anunciaron.
¿Qué se aprobó?
Lo que sí se aprobó por mayoría de los senadores de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, y PES fue, en lo correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo cual pone en riesgo los procesos electorales, desde el padrón electoral, instalación de casillas, cómputo de votos, fiscalización de partidos y de campañas. Además, no se considera propaganda la difusión de programas sociales de gobiernos, acorta el tiempo para capacitación electoral, y el listado nominal se publicará en edificios públicos.
También se elimina 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral; se obliga a que los consejeros y magistrados electorales ganen menos que el Presidente de la República; se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.
De la Ley General de Partido Políticos: Los partidos tienen derecho a elegir a sus líderes y a sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral; las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos; los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.
De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Se establece un procedimiento en caso de solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF; el Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.
Asimismo, se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea.
