Morelia, Mich. 24 marzo 2025. – El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que Michoacán ha logrado una reducción del 60 % en el delito de feminicidio gracias a la atención brindada a más de 37 mil mujeres víctimas de violencia entre 2022 y 2024, así como a la implementación de políticas públicas enfocadas en la protección de las mujeres. Sin embargo, estos logros han sido recibidos con escepticismo por sectores de la sociedad que cuestionan la profundidad y transparencia de las cifras presentadas.
Según Bedolla, Michoacán se ha convertido en un ejemplo nacional al reducir la impunidad en casos de feminicidio, registrando en 2023 el menor índice a nivel nacional. “Las acciones del gobierno están orientadas a combatir la violencia hacia las mujeres de manera frontal y efectiva”, declaró.
Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, aseguró que la efectividad en la investigación y combate al feminicidio en Michoacán alcanza el 79 %, muy por encima de la media nacional del 13 %. Además, la funcionaria destacó que el estado ocupa el segundo lugar nacional en la resolución de casos de abuso sexual, con un índice del 73.53 %, y un 81.67 % en la resolución de casos de violación.
A pesar de las cifras positivas presentadas, diversos colectivos feministas y organismos de derechos humanos han cuestionado la narrativa del gobierno estatal. Alegan que las estadísticas pueden no reflejar la realidad completa, ya que muchas mujeres aún enfrentan barreras para denunciar la violencia y acceder a la justicia. “La disminución del 60 % en los feminicidios puede ser un logro significativo, pero es importante preguntarse si esto se debe realmente a una mejora estructural o a una posible reclasificación de los delitos”, señaló una representante del colectivo “Ni Una Menos Michoacán”.
Además, activistas han señalado la persistencia de factores que alimentan la violencia de género, como la falta de infraestructura adecuada en los refugios para mujeres víctimas, la insuficiencia de campañas de prevención en comunidades rurales y urbanas, y la débil coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.