Morelia, Mich. 14 mayo 2025. — En un gesto de respaldo institucional, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció su adhesión a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas. No obstante, la propuesta avanza entre cuestionamientos y sin certezas sobre su viabilidad ni los impactos reales en el estado.
Pese a reconocer la necesidad de diálogo entre empleadores, sindicatos y trabajadores, el mandatario no ofreció detalles concretos sobre cómo se implementaría la medida en Michoacán, un estado donde predomina el empleo informal y donde muchos trabajadores no cuentan siquiera con contratos o acceso a prestaciones básicas.
“Se trata de avanzar hacia la justicia social y el respeto a los derechos de la clase trabajadora”, declaró Bedolla, reiterando el compromiso del gobierno estatal con la propuesta federal. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido un calendario ni mecanismos para su aplicación local, ni se ha detallado cómo se garantizará que los patrones cumplan la nueva norma, especialmente en el sector privado.
La falta de certezas ha generado dudas entre expertos laborales, quienes advierten que, sin una estrategia robusta de fiscalización y sin incentivos para las pequeñas y medianas empresas, la reforma podría quedar en papel o, peor aún, traducirse en despidos, mayor precarización o aumento de jornadas no registradas.
Mientras tanto, la iniciativa avanza en el Congreso de la Unión con un respaldo político mayoritario, pero enfrenta resistencias de parte de cámaras empresariales, preocupadas por los costos laborales que implicaría su puesta en marcha.
En Michoacán, donde más del 60% de los trabajadores están en la economía informal y donde los niveles de subocupación son superiores a la media nacional, especialistas consideran que la implementación de una jornada reducida requiere mucho más que voluntad política. Sin un plan estatal serio que acompañe la reforma con medidas de formalización laboral, protección social y vigilancia efectiva, el anuncio del gobernador podría quedarse en un gesto simbólico más que en un verdadero avance hacia mejores condiciones laborales.