Candidatos a la SCJN con gastos de campaña desproporcionados: 1.4 millones de pesos por aspirante
Morelia, Mich. 1 abril 2025.- Los aspirantes a ocupar una de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen autorizado un tope de gasto de campaña de 1 millón 400 mil pesos por candidato, lo que equivale a más de 23 mil pesos diarios durante los 60 días que dura el proceso de elección. Esta cifra resulta especialmente polémica, ya que supera tres veces el salario mensual de un trabajador que gana el mínimo (aprox. 7,468 pesos al mes), y cuestiona el discurso oficial de “austeridad republicana” en el ámbito judicial.
¿De dónde saldrán los recursos?
Con 64 candidatos en contienda, el monto total autorizado para gastos de campaña ascendería a 89.6 millones de pesos, una cantidad que genera dudas sobre su origen y manejo. A diferencia de las campañas políticas tradicionales, donde los partidos financian a sus contendientes, en este caso no está claro si los aspirantes usarán recursos propios, patrocinios privados o si habrá fondos públicos indirectos involucrados.
Antecedente preocupante: El INE y la falta de fiscalización
La elección judicial ocurre en un contexto de opacidad en el control de gastos. Durante los últimos comicios federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue criticado por incumplir su función de supervisar los gastos de campaña de los candidatos a distintos cargos, lo que permitió irregularidades y opacidad. Este precedente abre la puerta a que, en la actual contienda por la SCJN, los aspirantes operen con libertad en el uso de recursos, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
Más señales de alarma: Reducción de casillas y opacidad en el conteo
Este proceso electoral ya enfrentaba cuestionamientos por:
- La disminución de casillas electorales, lo que podría afectar la participación ciudadana.
- La falta de transparencia en el recuento de votos, al no existir un sistema claro de auditoría pública.
- La designación indirecta (a cargo del Congreso, con influencia partidista) en lugar de una elección ciudadana.
¿Hacia un resultado incierto?
La combinación de gastos excesivos, opacidad en el financiamiento y debilidad en la fiscalización genera dudas sobre la legitimidad del proceso. Si a esto se suma la histórica desconfianza en la imparcialidad del Poder Legislativo (encargado de la elección final), el resultado podría verse manchado por acusaciones de influencia política y compra de influencias.
Mientras los candidatos pueden gastar más en un día que lo que un trabajador gana en tres meses, y en un entorno donde el INE ha mostrado poca capacidad de supervisión, la elección de los próximos ministros de la SCJN se perfila como un proceso opaco, desigual y con riesgos de manipulación, lo que mina la confianza en una de las decisiones más importantes para el futuro judicial de México.