Morelia, Mich. 15 marzo 2025.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó las omisiones de las autoridades en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y rechazó comparaciones con los campos de exterminio nazis.
El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra señaló que el lugar ya había sido investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco en septiembre de 2024, pero sin que se realizara una investigación exhaustiva. La Comisión destacó que la falta de aseguramiento del sitio y el seguimiento de denuncias previas permitieron que actividades criminales continuaran con impunidad.
CNDH rechaza comparaciones con campos nazis
En su comunicado, la CNDH respondió a quienes han comparado este caso con los campos de exterminio nazis, asegurando que, aunque ambos reflejan un alto grado de deshumanización, tienen contextos y orígenes distintos.
“El desarrollo de estas prácticas de tortura y desaparición en México fue, en gran parte del siglo XX, una acción ejercida desde el Estado. Actualmente, estos crímenes son perpetrados principalmente por organizaciones delictivas dentro de una economía criminal”, explicó el organismo.
La CNDH instó al gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, a investigar a fondo el caso, identificar los restos hallados y garantizar la entrega digna a los familiares de las víctimas.
Asimismo, recomendó la creación de un mecanismo permanente para mantener informados a los familiares de personas desaparecidas sobre el avance de las investigaciones y las excavaciones en fosas clandestinas.
Medidas de la CNDH tras el caso Teuchitlán
La CNDH anunció varias acciones en respuesta a la crisis:
- Elaboración de un informe especial sobre fosas clandestinas en México.
- Refuerzo de medidas cautelares para proteger a los miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y sus familias.
- Atracción del caso por posible violación de derechos humanos y el derecho a la defensa de los colectivos de búsqueda.
El pronunciamiento de la CNDH llega después de las críticas de senadores del PRI, PAN y MC, quienes acusaron a Rosario Piedra Ibarra de no actuar con prontitud ante la gravedad del caso.