Morelia, Mich. 12 mayo 2025. — En un movimiento que ha despertado preocupación entre organizaciones civiles y defensores del acceso a la información, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). A partir de ahora, las funciones del órgano autónomo serán asumidas por la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem), dependiente directamente del Ejecutivo estatal.
La extinción del IMAIP se enmarca en una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada el 20 de diciembre del año pasado, cuya homologación legal fue implementada en Michoacán en semanas recientes. El gobernador justificó la medida señalando la necesidad de reducir costos y asegurar eficiencia, al recalcar que el presupuesto del Instituto, de 46.2 millones de pesos, se reducirá a 4.5 millones en su traslado a la Contraloría, una disminución del 90 por ciento.
“Desaparece la oficina, no la transparencia”, sostuvo Ramírez Bedolla, intentando disipar dudas sobre la continuidad del derecho ciudadano a solicitar información pública. Sin embargo, el mensaje no ha logrado acallar los cuestionamientos de quienes consideran que esta medida representa un retroceso en materia de rendición de cuentas y control ciudadano.
César Ocegueda Robledo, consejero jurídico del gobierno estatal, indicó que en la última década el presupuesto del IMAIP se multiplicó por cinco, pasando de 9.4 millones en 2015 a más de 46 millones en 2025. No obstante, omite mencionar que este crecimiento presupuestal respondió a la creciente demanda de solicitudes de información y a la complejidad de garantizar la protección de datos en un entorno digital cada vez más exigente.
La desaparición del órgano autónomo deja en manos del mismo gobierno que debía ser supervisado la gestión de las solicitudes de transparencia. Además, la función se descentraliza a 87 dependencias del Poder Ejecutivo, los 112 municipios del estado, el Consejo Mayor de Cherán y otras comunidades con autogobierno, lo que genera incertidumbre sobre la uniformidad y calidad de la atención en el nuevo esquema.
Se prevé que 64 trabajadores del extinto instituto serán liquidados conforme a la Ley Federal del Trabajo, en un proceso que deberá concluir el próximo 14 de junio.
Aunque el gobernador insiste en que la Ley de Transparencia del estado sigue vigente, diversos colectivos han advertido que la eliminación del IMAIP puede abrir la puerta a una opacidad institucional más profunda, justo cuando la sociedad exige mayor rendición de cuentas. Para muchos, más que una medida de austeridad, esta decisión representa un debilitamiento estructural del derecho ciudadano a saber.