Por Miguel Angel Villa Juárez.
Quiero comentar una situación que no solo es alarmante, sino también una evidente falta de respeto hacia los trabajadores de la educación: los maestros del Telebachillerato, representados por el sindicato SIPTEM, siguen esperando el cumplimiento de una promesa salarial que fue aprobada en diciembre de 2024 y que, a día de hoy, no se ha materializado.
Desde la autorización del aumento salarial por parte de la Cámara de Diputados, se esperaba que, tal como se anunció, el incremento se hiciera efectivo a más tardar en enero de 2025. Sin embargo, casi dos meses después, los docentes siguen sin recibir el tan esperado ajuste, y lo que es aún más preocupante, ni los diputados ni la Dirección del Telebachillerato, encabezada por la Lic. Cristina Portillo Ayala, parecen dar respuestas claras. En este contexto, el profesor Armando Simón Herrejón, líder del sindicato, ha expresado su frustración de manera contundente, y no es para menos. Los docentes no solo están siendo ignorados, sino que también se enfrentan a una difícil situación económica que podría empeorar si el aumento no se hace efectivo pronto.
Lo que más llama la atención es la pasividad con la que las autoridades han manejado esta problemática. La falta de acción por parte de los responsables de gestionar este aumento refleja una profunda desconexión con la realidad de los maestros. Las cifras hablan por sí solas: los docentes ganan apenas 12 mil pesos al mes, de los cuales una gran parte se va en viáticos y gastos relacionados con su trabajo, especialmente aquellos que provienen de otras localidades. Con el incremento salarial aprobado, el poder adquisitivo de los maestros podría subir hasta los 16,700 pesos, lo cual sería un alivio para aquellos que luchan día a día por cumplir con su labor educativa, mientras sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
¿Pero qué pasa cuando las promesas no se cumplen? La pregunta obligada que surge es, ¿por qué los diputados, quienes ya han cobrado su salario, no han cumplido con lo que se acordó para los maestros? ¿Qué clase de responsabilidad tienen los funcionarios públicos si no cumplen con lo que está estipulado por ley? El desdén con el que se trata a los docentes no solo es un problema administrativo, es una falta de respeto hacia la función educativa, y peor aún, es una omisión que podría entenderse como corrupción. No cumplir con el trabajo como funcionario público también es una forma de corrupción, aunque no siempre se le dé el mismo enfoque.
La educación, que debería ser una prioridad para cualquier gobierno, sigue siendo una de las áreas más afectadas por la indiferencia institucional. Las familias de los maestros del SIPTEM no solo enfrentan dificultades económicas, sino que también se ven obligadas a soportar la angustia de saber que su bienestar depende de decisiones que parecen estar en un limbo burocrático. Las manifestaciones que, según se menciona en el artículo, podrían venir en los próximos días, son la respuesta lógica ante la impotencia que genera la falta de respuestas.
Este asunto no solo se trata de un aumento salarial, sino de una cuestión de justicia social. Si realmente queremos que la educación sea un motor de cambio, debemos empezar por reconocer y valorar a quienes la hacen posible: los maestros. El gobierno, los diputados y las autoridades del Telebachillerato tienen la responsabilidad de cumplir con lo que han prometido y, de paso, reflexionar sobre el trato que se les da a los trabajadores de la educación. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando la importancia de estos profesionales?
Este artículo no es solo una crítica a una promesa incumplida, es un llamado a la acción. Los responsables de este desaguisado deben rendir cuentas y entender que la educación no puede ser una excusa para el olvido. Es hora de cumplir lo prometido, y es hora de que se le dé a los maestros lo que por ley les corresponde.
