La ciudadanía participó con la esperanza de que la elección judicial marcara un precedente de legalidad, transparencia y autonomía.
Sin embargo, los rumores —cada vez más insistentes— señalan que ex diputados y diputados, presidentes municipales y secretarios de estado, tienen vínculos directos con el actual Secretario de Gobierno de Michoacán, que intervinieron abiertamente en el proceso para operar en favor de los candidatos que hoy se ostentan como “ganadores”.
¿No se suponía que los jueces debían surgir del mérito y no de los amarres políticos?
Más preocupante aún es que los beneficiados, de esta supuesta intervención ni siquiera conoce a fondo la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, instrumento básico y obligatorio para ejercer con dignidad los cargos que pretenden asumir. ¿De verdad vamos a permitir que quienes desconocen lo elemental de su función decidan los derechos de las y los ciudadanos?
Resulta ofensivo que mientras la sociedad exige justicia auténtica, se repitan prácticas del pasado, donde los puestos se reparten entre amistades, compromisos y favores políticos. Si la justicia nace contaminada, ¿qué podemos esperar del juicio?