El pensamiento del Francotirador Judicial
Ya no hay dudas. El Poder Judicial ha dictado sus últimas resoluciones con independencia; lo que viene no es justicia, es simulación institucional. Las sentencias futuras ya no se escribirán con argumentos jurídicos, sino con instrucciones políticas. Y lo más grave: nadie las detuvo.
La supuesta gran reforma judicial —vendida como la cura contra el nepotismo, el amiguismo y la corrupción— fue la coartada perfecta para apoderarse del sistema desde dentro. Prometieron limpiar el Poder Judicial, y lo que hicieron fue vaciarlo de dignidad para llenarlo de obediencia.

El nepotismo familiar sigue más vivo que nunca, solo que ahora opera con más cinismo y mejor disfrazado.
Donde antes había familiares incrustados en juzgados por compadrazgos, hoy encontramos familiares directos del gobernador, del presidente del Tribunal y del secretario de Gobierno, acomodados con el respaldo del poder político:
•El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuenta con amigos, familiares y empleados en el Poder Judicial.
• El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gerardo Contreras Villalobos, colocó a hijos, sobrinos en cargos clave del tribunal.
• El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, ahora Fiscal del estado, también tiene parientes ocupando puestos públicos en la justicia estatal, en esta última elección a su sobrino resultó electo en un juzgado.
Todo ello envuelto en procesos simulados, evaluaciones amañadas y dictámenes “técnicos” que son solo tramites para legalizar lo ilegal. La reforma no erradicó el favoritismo, lo institucionalizó. El mensaje fue claro: no importa el mérito, importa a quién conoces y a quién obedeces.
Los concursos se han convertido en teatros de legitimación: entrevistas sin peso, apellidos sobre experiencia, lealtad sobre talento.
Y así, el nuevo Poder Judicial es una extensión del poder Ejecutivo y sus intereses familiares. La justicia sigue de nombre, pero su esencia fue desplazada por la obediencia ciega.
No es casualidad que estos nombramientos incomoden a la ciudadanía: reflejan un reparto de poder entre élites que manejan el tribunal como una propiedad heredada, no como una institución autónoma.

El discurso era acabar con las malas prácticas. El resultado: prácticas peores, más descaradas y más funcionales al poder.
Donde debía haber jueces imparciales, hay cuotas políticas.
Donde debía haber concursos, hay recomendación.
Donde debía haber carrera judicial, hay “dedazo disfrazado de evaluación”.
¿Y el Poder Judicial? Callado. Cómodo. Cómplice.
Sus titulares no defendieron la institución. Sus órganos no denunciaron atropellos. Sus vocales cedieron sin emitir defensa alguna.

Hoy ya no existe una división real de poderes en Michoacán. El sistema judicial está colonizado. La toga es de partido, la balanza se inclina según convenga, y la justicia se entrega como favor, no como derecho.
Cada sentencia que emane de este nuevo Poder Judicial llevará la duda de haber sido elaborada bajo un apellido, no bajo un argumento. Cada tribunal será observado como parte del aparato político.
Porque al final, el oficialismo no solo domina el Ejecutivo y el Legislativo: ahora, también se sentó en la silla del magistrado. El Poder Judicial fue entregado sin resistencia, con complicidad. Y la justicia… se puso al servicio de quienes la deberían controlar.