Morelia, MIch. 27 febrero 2025.- Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales ha puesto en evidencia una preocupante acción de la Guardia Civil en Michoacán. En las imágenes, se observa cómo las fuerzas de seguridad bloquean el paso a decenas de habitantes de Jesús del Monte, quienes, durante una manifestación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), intentaban transitar por las inmediaciones de Altozano, como lo hacen habitualmente. Esta acción ha sido calificada por diversos sectores como una muestra de insensibilidad y represión por parte del gobierno estatal.
No obstante que los manifestantes se identificaban con la playera verde del Staspe y de palabra deslindaron a los ciudadanos residentes de lugar de su movimiento social, la intervención de la Guardia Civil no solo obstaculizó la rutina diaria de los residentes locales, sino que también evidenció una tendencia alarmante en la gestión gubernamental: la preferencia por el uso de la fuerza en lugar del diálogo constructivo. Este incidente se suma a una serie de eventos en los que las autoridades han respondido de manera desproporcionada ante manifestaciones sociales.
La reciente acción contra los pobladores de Jesús del Monte y los manifestantes del STASPE refleja una falta de consideración por parte de las autoridades hacia las dinámicas cotidianas de la población. En lugar de establecer canales de comunicación efectivos, se opta por medidas coercitivas que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es imperativo que el gobierno del estado reevalúe sus estrategias de manejo de protestas y manifestaciones. La represión y el uso excesivo de la fuerza no solo socavan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino que también exacerban las tensiones sociales. Fomentar el diálogo genuino y garantizar el respeto a los derechos humanos se presentan como vías necesarias para abordar las legítimas demandas sociales y evitar la escalada de conflictos.
En una sociedad democrática, la protesta pacífica es un derecho inalienable. La respuesta estatal debe orientarse hacia la protección de este derecho, asegurando la seguridad tanto de los manifestantes como de la población en general. Solo a través de una gestión sensible y respetuosa de las manifestaciones sociales se podrá avanzar hacia una convivencia más justa y equitativa en Michoacán.