Morelia, Mich. 30 de julio 2023.- En un escenario sombrío y lleno de indignación, la noticia sobre el exmando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, ha desatado una profunda crisis de confianza en las instituciones mexicanas. Según la Fiscalía General de la República (FGR), se descubrió que se liberaron más de mil millones de pesos pertenecientes a capos del narcotráfico, desbloqueando un total de 722 cuentas bancarias.
Esta acción inusual de liberar los activos financieros de destacados miembros del narcotráfico ha levantado serias sospechas y cuestionamientos hacia la administración de Enrique Peña Nieto, bajo la cual ocurrieron los hechos. El caso de Moreno Balbuena es el único que ha sido llevado ante la justicia desde la querella presentada en 2019 contra otros exfuncionarios de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal y Orlando Suárez López.
Aunque Moreno Balbuena enfrenta una investigación penal por “ejercicio ilícito del servicio público”, se prevé que lleve su procedimiento en libertad, ya que el delito imputado no contempla la prisión preventiva de oficio.
El centro de esta polémica reside en el desbloqueo de activos financieros que permanecieron inmovilizados desde 2014, lo que ha suscitado serias dudas sobre la actuación de los exfuncionarios de la UIF y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La denuncia presentada por la administración de Santiago Nieto, quien asumió el cargo después de la conclusión del gobierno de Peña Nieto, ha sacado a la luz esta preocupante situación. Entre los afectados por esta irregularidad, se encuentran conocidos nombres del mundo del narcotráfico, como familiares de “El Azul”, extinto capo del Cártel de Sinaloa, y también familiares de Rafael Caro Quintero, otro reconocido líder del narcotráfico en México.
Resulta alarmante que muchos de los dueños de las cuentas no hayan emprendido acciones legales para recuperar los activos financieros, lo que plantea interrogantes sobre las posibles razones detrás de este trato preferencial.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades han prometido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer este escandaloso caso y sancionar a los responsables. No obstante, el sentimiento generalizado de desconfianza y descontento persiste en la sociedad mexicana, que se muestra escéptica sobre la efectividad y la integridad del sistema de justicia y combate a la corrupción en el país.
