Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 28 de mayo 2025
Se soltaron los demonios en los pasillos del Poder Judicial, y no es pa’ menos. Resulta que más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que dijeron “gracias, pero no” a la elección judicial del próximo 1º de junio, ahora le están exigiendo al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que no se hagan patos y les paguen lo que por ley les toca.
Los togados, que colgaron la toga por voluntad propia o se retiraron con pensión tras la mentada reforma al Poder Judicial, le mandaron un recado bien clarito al CJF: que se pongan las pilas y les liquiden las indemnizaciones como marca el librito. Exigen que se individualicen los pagos, se les entregue su reconocimiento como exjuzgadores, y que se publique la lista de todos los que se bajaron del barco judicial en las elecciones extraordinarias de 2025 y 2027.
Y no es cualquier capricho: lo que buscan es que el gobierno federal afloje la feria correspondiente por haberles cerrado la puerta al ejercicio jurídico de litigantes durante dos años, como lo marca la ley.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (la Jufed, pa’ los cuates) salió a decir que todo este rollo está movido por la necesidad de que se respete el estado de derecho, que ya se está viendo tambaleante con tanto funcionario morenista queriéndose quedar con los fondos que, según ellos, no les corresponden. Los de la toga no se chupan el dedo: aseguran que les quieren atorar el dedo en la puerta con tal de no pagar las compensaciones estipuladas en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024.
Ese artículo dice, clarito y sin letras chiquitas, que el billete para las indemnizaciones debe salir de los fideicomisos del PJF. Pero ¡sorpresa!, esos fondos fueron transferidos sin permiso ni aviso a la Tesorería de la Federación por Nacional Financiera, brincándose al CJF, que era el mero encargado. Todo esto, además, con varias suspensiones legales vigentes que prohibían mover un solo peso.
Los jueces retirados están exigiendo que se respeten sus derechos y se les pague lo que corresponde: tres meses de salario integrado, veinte días por año de chamba, vacaciones, primas y gastos médicos. Pero ven con desconfianza que ya le estén echando mano a esos fideicomisos, y eso —según ellos— le pone un tache bien grande a la Constitución, al estado de derecho y a los ideales de justicia que, en teoría, motivaron la reforma.
Así que el CJF tiene la papa caliente. O paga como debe, o se le viene una bronca legal del tamaño del Palacio de Justicia. Porque estos jueces, aunque ya no usen martillo, saben muy bien cómo dar golpes… pero legales.