El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, enfrenta cargos por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). El ilícito, contemplado en el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, es sancionado con una pena de prisión de 2 a 7 años. Sin embargo, el cargo por el que se le acusa no está dentro de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, por lo que Garduño podría no ser encarcelado durante el proceso en su contra.
La FGR investiga a Garduño por su presunta relación con el incendio en el que murieron 40 migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez. La fiscalía acusa a los funcionarios del INM de estar relacionados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas, así como de mantener una estructura delictiva al interior del INM que ha sido el causante de estos lamentables hechos. La investigación se llevó a cabo bajo dos líneas paralelas de información, la primera dentro del INM y la segunda en el ámbito de la empresa de seguridad privada que prestaba servicios para el organismo cuando se produjo el incendio.
A pesar de los cargos en su contra, Garduño podría librarse de la cárcel debido a que el delito que se le imputa no está dentro de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. La situación destaca las omisiones que se han seguido cometiendo en el INM y señala un patrón de irresponsabilidad y omisiones que se han reiterado en el organismo, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación.
