Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 9 de septiembre 2025..- La investigación por el huachicol fiscal en México ha dejado un rastro de muerte y violencia que parece sacado de una película de terror: empresarios, marinos y funcionarios públicos han caído, ya sea asesinados, ejecutados o incluso bajo sospechosos suicidios, mientras las autoridades tratan de desenmarañar la telaraña criminal.
Empresarios y marinos en la mira
El caso empezó a tomar fuerza tras la muerte de Sergio Carmona Angulo, alias “El Rey del Huachicol”, quien operaba un entramado de tráfico de combustibles entre Texas y Tamaulipas, utilizando documentos falsos y evasión fiscal. Carmona tejió vínculos con funcionarios federales y estatales, así como con campañas políticas, hasta que su asesinato en noviembre de 2021 desató la actual investigación que mantiene bajo proceso a empresarios, marinos y operadores financieros.
Según investigaciones periodísticas, Carmona había contactado a la DEA antes de morir, y sus últimas entrevistas con autoridades extranjeras parecen haber precipitado su asesinato. Tras su muerte, el control de su red pasó a manos de su viuda y socios cercanos, quienes continuaron recibiendo beneficios de contratos públicos.
Muerte y violencia en Colima
Entre las víctimas también figuran Magaly Janet Nava Ramos y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ejecutados en Colima con tácticas similares: armas de fuego de calibre específico, sicarios en motocicletas y autos para dar miedo. Guerrero Alcántar había denunciado operaciones ilícitas de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del secretario de Marina, lo que conecta los homicidios directamente con el entramado naval de huachicol fiscal.
Ataques y suicidios en Tamaulipas
El 4 de agosto de 2025, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado en Reynosa, atacado con armas largas y granadas presuntamente por el CJNG, luego de participar en decomisos de más de dos millones de litros de hidrocarburo ilícito.
Un día después, se reportó la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Altamira, Tamaulipas, cuya hipótesis apunta a un suicidio. Pérez Ramírez, quien figuraba entre los investigados principales, habría recibido sobornos para permitir la descarga de diésel ilegal en el puerto de Tampico, operación ligada directamente a los Farías Laguna.
Detenciones y golpes recientes
Tras meses de inteligencia, autoridades federales detuvieron a 14 personas vinculadas a la red, incluyendo un vicealmirante en activo, varios oficiales navales, exfuncionarios de aduanas y empresarios. La red utilizaba documentos falsos, empresas fachada y contactos institucionales para traficar combustible robado en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y CDMX.
El desmantelamiento incluyó el aseguramiento de más de diez millones de litros de diésel, uno de los mayores decomisos recientes en México.
La postura del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la investigación seguirá “tope hasta donde tope”, sin importar rango o cargo, dejando claro que el mensaje es de cero impunidad. El caso refleja la compleja conexión entre el crimen organizado, funcionarios corruptos y empresarios, en una red que ha marcado una de las operaciones más violentas y espectaculares del país en los últimos años.
El huachicol fiscal no es solo un delito económico: es un juego sangriento donde la muerte, el poder y la corrupción se entrelazan, dejando un rastro que la justicia aún intenta limpiar en México.