Se ha revelado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha enfrentado serias dificultades durante el proceso de realización del censo en México. En algunos lugares del país, el INEGI se ha visto obligado a pagar a bandas criminales para poder llevar a cabo el censo de población y vivienda. Además, los cárteles de la droga han perpetrado amenazas y secuestros contra los trabajadores del INEGI, así como contra los encuestadores e investigadores de mercadotecnia.
El problema se agrava particularmente en las zonas rurales, donde el INEGI se ha visto forzado a contratar a criminales conocidos por los pobladores para poder llevar a cabo el censo. Esto ha generado un entorno de riesgo y peligro para los encuestadores, quienes se enfrentan a la intimidación y violencia de estos grupos delictivos.
El impacto negativo de la presencia de cárteles en el proceso de censo se ha manifestado en distintas formas. Por un lado, los resultados de las encuestas pueden ser influenciados por los cárteles con el objetivo de respaldar a candidatos políticos aliados a ellos. Específicamente en estados como Michoacán y Guerrero, esta injerencia puede ser más notoria.
Por otro lado, los cárteles ven una oportunidad para extorsionar a los encuestadores y obtener beneficios económicos a partir de esta actividad ilegal. Asimismo, buscan obtener información recolectada por los encuestadores para fines criminales propios.
El analista de seguridad, David Saucedo, ha señalado que, en caso de detectar encuestadores levantando cuestionarios, los cárteles obligan a que encuesten a miembros de su base social de apoyo, de manera que los resultados favorezcan a los candidatos que ellos han seleccionado.
El crimen organizado ha extendido su presencia en vastas regiones del país, lo que ha convertido el trabajo de un encuestador del INEGI en una de las labores más peligrosas. Los encuestadores deben tocar puerta por puerta, recopilando información que puede poner en riesgo las operaciones de los cárteles, lo que los convierte en objetivos vulnerables para estos grupos criminales.
Esta situación representa un serio desafío para el INEGI y para la realización efectiva del censo en México, ya que compromete la integridad y seguridad de los trabajadores encargados de llevar a cabo esta importante labor estadística en diversas partes del país.
