Morelia, Mich. 2 mayo 2025.– Este viernes fueron liberados los dos vigilantes comunitarios del Fraccionamiento Villas del Pedregal que permanecían detenidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Morelia, luego de que el juez de control a cargo del caso decretara su libertad ante la ausencia de elementos que sustentaran la acusación en su contra.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial, ni la Supervisora de la Policía de Morelia que detuvo a los vigilantes, ni las personas presuntamente afectadas se presentaron a rendir declaración en torno a los hechos por los que los vigilantes habían sido detenidos. Cabe recordar que ambos fueron aprehendidos tras un incidente en el que, según testigos, sorprendieron en flagrancia a varios individuos apoderándose de bienes propiedad de vecinos del mencionado fraccionamiento.
Cabe destacar que la Policía Morelia no solo tenía la responsabilidad de presentarse a declarar ante la autoridad judicial correspondiente, sino que además estaba obligada a entregar los registros audiovisuales captados por las cámaras corporales que portan sus elementos al momento de cualquier intervención oficial. Estas videograbaciones constituyen una herramienta fundamental para documentar con precisión y transparencia la actuación policial, tanto en beneficio de los ciudadanos como de los propios agentes.
La omisión de esta obligación no es menor, ya que dichos materiales fílmicos no solo permiten verificar la legalidad de las detenciones realizadas, sino que también representan una prueba objetiva que puede contribuir a esclarecer los hechos y evitar arbitrariedades, versiones contradictorias o procedimientos injustos. En este caso particular, la entrega de las grabaciones corporales hubiera sido clave para confirmar o desmentir la versión según la cual los vigilantes comunitarios actuaron ante un presunto robo en flagrancia.
El hecho de que la corporación no haya comparecido ni proporcionado este tipo de evidencia pone en entredicho el debido proceso y compromete la integridad de las investigaciones. Además, debilita la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública, particularmente en contextos donde la colaboración entre autoridades y estructuras de vigilancia comunitaria es indispensable para preservar el orden y la seguridad en zonas de alta densidad habitacional, como Villas del Pedregal.
Este tipo de omisiones por parte de las fuerzas policiales no deben pasar inadvertidas, ya que forman parte de los protocolos establecidos para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales, tanto de los presuntos responsables como de las víctimas.
La falta de comparecencia de los elementos clave para la investigación fue determinante para que el juez resolviera la improcedencia de mantener la prisión preventiva de los vigilantes comunitarios, al no haberse integrado debidamente la carpeta de investigación ni presentarse cargos formales respaldados con testimonios directos.
El caso había generado atención entre los residentes de Villas del Pedregal, quienes en días recientes manifestaron su inconformidad por la detención de los vigilantes, argumentando que su actuación obedecía a labores de resguardo vecinal y que su presencia ha sido fundamental para disuadir robos y proteger la seguridad del fraccionamiento.
Con esta resolución, ambos vigilantes recuperaron su libertad este mismo viernes y fueron recibidos por vecinos y familiares a las afueras del penal. Diversas voces de la comunidad expresaron su alivio, pero también su preocupación por la falta de respuesta institucional que, afirman, deja un mensaje contradictorio sobre la protección ciudadana y el respaldo a la vigilancia vecinal organizada.
Hasta el momento, ni la Policía Morelia ni la Fiscalía General del Estado han emitido un posicionamiento oficial respecto al caso o a las razones por las cuales los funcionarios implicados en el procedimiento no se presentaron a declarar.
La situación abre de nuevo el debate sobre el papel de los vigilantes comunitarios, la coordinación con las fuerzas policiales y la necesidad de establecer protocolos claros de actuación que garanticen tanto el respeto a los derechos humanos como la seguridad de los habitantes.