Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 30 de junio de 2025.- En un fallo que deja más preguntas que certezas, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) decidió castigar a Maximiliano Bello Flores, administrador de la página de Facebook La Voz de Tlapa, por supuestamente haber dañado la honra y dignidad de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, con un comentario publicado el 23 de febrero de este año.
Según el tribunal, los dichos en la página fueron “injerencias arbitrarias en el ámbito de su vida privada y familiar”, por lo que se determinó que Bello Flores cometió violencia política en razón de género. La sanción incluye una amonestación pública, tres disculpas forzadas en su red social, un curso obligatorio sobre perspectiva de género, lecturas impuestas, y su inclusión por tres meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
¿Opinión política o ataque personal?
El meollo del asunto radica en que el mensaje cuestionaba la relación sentimental de la diputada con el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences Real, sugiriendo que eso influyó en su llegada al Congreso vía plurinominal. También se mencionaba que nadie había votado por ella directamente desde 2018 y se burlaban de sus aspiraciones a la presidencia municipal de Tlapa, refiriéndose a ella y a su esposo como “La Familia Imperial”.
El TEE partió el comentario en dos: la parte donde se hablaba de su vida privada fue considerada ofensiva y sancionable; la crítica a sus aspiraciones políticas, en cambio, sí se permitió por tratarse de un tema de interés público. ¿Pero dónde empieza la crítica política y dónde termina la censura?
No es la primera vez que Mosso va al tribunal
La legisladora ya había presentado una denuncia similar en 2024 contra el empresario Pedro Segura Valladares, quien también la había señalado por su vínculo con el dirigente del PT. En esa ocasión, el tribunal desechó la queja al considerar que las expresiones del empresario estaban protegidas por la libertad de expresión.
¿Campaña contra la violencia o mordaza disfrazada?
Este nuevo fallo levanta suspicacias entre periodistas, activistas y usuarios de redes sociales. Algunos lo celebran como un paso adelante en la defensa de los derechos de las mujeres en política, mientras que otros lo ven como un intento por amordazar la crítica ciudadana bajo el disfraz de equidad de género.
¿Hasta dónde se puede opinar en redes sin que eso se considere violencia política? ¿Qué tanto protege este tipo de sanciones a las figuras públicas y qué tanto castigan la libertad de cuestionarlas?
Aunque el castigo ya está impuesto, la discusión apenas comienza. Porque si cuestionar a una diputada o a su círculo de poder empieza a ser motivo de sanción, la raya entre justicia y censura empieza a volverse peligrosamente delgada.