Por Manuel Maldía. Columna “El que se chupa el dedo”.
En el reino opaco del Telebachillerato, los únicos que no trabajan son los que más cobran. Cristina Portillo Ayala, directora general de este ente educativo, ha convertido el presupuesto público en un banquete para fantasmas: asesores que no asesoran, funcionarios que no funcionan, y una corte cuyo único oficio es firmar recibos de nóminas. Mientras los maestros —esos guerreros de la educación que enseñan en las comunidades más alejadas y con graves rezagos— siguen esperando el aumento salarial aprobado por ley desde diciembre, los asesores estrella de Portillo cobran sueldos de príncipes por el arduo trabajo de… ¿aplaudir?
Tengo frente a mí una lista —sí, una de esas que la burocracia esconde tras carpetas marcadas como “confidencial”— donde brillan nombres de personajes que nadie conoce en las aulas. Son los fantasmas con plaza: asesores “técnicos” que no han pisado una escuela en años, coordinadores “estratégicos” cuyas estrategias se limitan a cobrar cada quincena.
El 16 de diciembre de 2023, los diputados Vicente Gómez, Giuliana Bugarinni y Juan Carlos Barragán anunciaron, entre selfies, el aumento salarial para los docentes, aprobado por el pleno del Congreso, “Un triunfo contra la inflación”, afirmaron. Tres meses después, la inflación sigue y el aumento no. ¿La razón? El dinero se esfumó en las grietas de una nómina. El documento es claro: “Recursos etiquetados para incremento salarial”. Pero en manos de esta directora, “etiquetado” significa el Congreso me vale un cacahuate.
Hablemos de cifras escandalosas: según la lista que he verificado, un solo asesor fantasma cobra por “revisar proyectos educativos” que nadie ha visto. Otro por “capacitación docente”, aunque ningún maestro lo recuerda. Mientras, a los profesores —los de carne y hueso— se les exige “paciencia”, como si enseñar en comunidades sin agua o luz fuera un acto de caridad.
Los “asesores” son el cascarón de un sistema podrido: no rinden informes, no checan, no existen más allá de un recibo de pago. Son la versión educativa de los huachicoleros, pero en vez de robar combustible, drenan el futuro de miles de jóvenes. Y los diputados, Gómez, Bugarinni y Barragán, ¿saben que su “logro” se convirtió en el chiste cruel para los profesores del Telebachillerato?
La sociedad exige, porque tiene derecho a saber, dos acciones inmediatas:
- Publicación íntegra de la lista de “asesores”: Que cada nombre, sueldo y justificación se exhiba públicamente.
- Auditoría forense: Que se siga el dinero como se sigue a un criminal. ¿Cuánto se desvió del aumento salarial de los maestros a los bolsillos de fantasmas?
Los maestros no piden limosnas: exigen lo que por ley es suyo. Mientras los fantasmas siguen cobrando. Porque en el Telebachillerato, durante la presente administración, la única lección que se enseña sin fallas es el arte de cobrar sin trabajar.