Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 28 julio 26.– En tiempos donde cada peso cuenta para los ciudadanos, el Gobierno de Michoacán informó que logró un ahorro de 42 millones de pesos luego de desaparecer el esquema anterior de transparencia y trasladar sus funciones a una nueva Dirección de Transparencia dentro de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem).
De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la reestructuración permitió reducir en un 91 por ciento el gasto destinado a esta materia. Mientras el extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) ejercía un presupuesto anual de 46 millones 240 mil 695 pesos, el nuevo modelo opera con apenas 4 millones 498 mil pesos.
Para quienes pagan impuestos, el anuncio significa que ahora se destinarán menos recursos al funcionamiento administrativo de la transparencia, con la promesa de que el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales seguirá garantizado sin afectar la atención a la ciudadanía.
El titular de la Secoem, Francisco Ramírez Flores, aseguró que la nueva Dirección de Transparencia mantiene intactas las responsabilidades que antes desempeñaba el IMAIP y, además, amplía sus facultades para actuar como autoridad garante en la atención de solicitudes de información y protección de datos personales.
Explicó que, a diferencia del modelo anterior, que se enfocaba principalmente en verificar el cumplimiento de las obligaciones y resolver recursos de revisión, la nueva estructura concentra de manera integral esas funciones y brinda atención directa a la mayor parte de los sujetos obligados.
Según las autoridades estatales, la nueva oficina atiende al 75 por ciento de los sujetos obligados en Michoacán, lo que permitirá ofrecer respuestas más rápidas y cercanas a la población, además de fortalecer la rendición de cuentas con una estructura administrativa más austera.
El Gobierno del Estado sostuvo que esta reorganización busca demostrar que es posible reducir el gasto público sin dejar de cumplir con las obligaciones de transparencia, un tema que sigue siendo de interés para los ciudadanos que exigen un manejo claro de los recursos públicos y acceso oportuno a la información.