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Ministro de la Corte admite demanda del INE y suspende aplicación del Plan “B”

  • Corresponde a la parte publicada en el DOF el pasado 2 de marzo; Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal pueden presentar la contestación

Ciudad de México, 24 de marzo 2023.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, quien como ponente admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto del llamado Plan “B”, y concedió la suspensión del mismo.

“El Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, señala la SCJN en un comunicado.

Dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo, consideró reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y además expidió una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Instituto Nacional Electoral se inconformó ante la Corte al considerarlo inconstitucional, y este viernes, a través del ministro Laynez Potisek, se le dio entrada, y otorgó la suspensión, “debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.

Asimismo, cita el boletín, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. “En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, establece.

Una vez tomado este acuerdo, el Ministro Instructor solicitó a las autoridades demandadas, en este caso el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, presenten la contestación dentro del plazo legal, por lo que se espera un pronunciamiento de la presidencia.

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