Por Rosendo chendo Martinez de Lombardía.
Nombrar a Carlos Torres Piña como Fiscal General del Estado sería una traición flagrante a los principios democráticos y una imposición autoritaria del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla que no debemos permitir.
La Fiscalía debe ser un órgano autónomo, técnico y ajeno a los intereses electorales; convertirla en un botín político sería revivir las peores prácticas del PRI de los años ochenta, cuando la procuración de justicia se usaba como arma de control y persecución.
POR ESTAS SEIS RAZONES TORRES PIÑA NO DEBE SER FISCAL GENERAL.
Seis aspectos cruciales que descalifican a Carlos Torres Piña para el puesto de Fiscal General del Estado:
1.- Evidente conflicto de interés: Torres Piña es el actual Secretario de Gobierno, una posición política clave dentro del ejecutivo. Su nombramiento como Fiscal representaría una clara subordinación de la justicia al poder ejecutivo, eliminando de facto la autonomía que este órgano requiere.
2.- Aspiraciones políticas al 2027: Es de conocimiento público que Carlos Torres Piña tiene ambiciones políticas para el 2027. Colocar a un operador político con estas aspiraciones al frente de la Fiscalía durante nueve años sería un acto de corrupción institucional, garantizando la parcialidad y el uso de la procuración de justicia como herramienta para fines electorales.
3.- Falta de perfil técnico y experiencia en procuración de justicia: Para un cargo tan crucial como el de Fiscal, se requiere un perfil técnico sólido y una vasta experiencia en el ámbito de la procuración de justicia. El historial de Torres Piña está ligado a cargos políticos y administrativos, no a la investigación, persecución de delitos o litigación. Su nombramiento sería un retroceso profundo en la lucha por una justicia independiente y profesional.
5.- Riesgo de uso faccioso de la ley: Al ser un operador político leal al gobernador, existe un riesgo inminente de que la Fiscalía se convierta en un brazo ejecutor de intereses políticos, persiguiendo o protegiendo a individuos según convenga al grupo en el poder. Esto socavaría la credibilidad de la institución y generaría desconfianza ciudadana.
6.- Debilitamiento de la autonomía institucional. La designación de un perfil tan ligado al poder político enviaría un mensaje devastador sobre la independencia de las instituciones en Michoacán. La Fiscalía debe ser percibida como un contrapeso, no como una extensión del gobierno en turno.
Colocar a un operador político como Torres Piña al frente de la Fiscalía es un atentado contra la democracia y la autonomía judicial. La ciudadanía exige un Fiscal que represente la ley, no los intereses del Ejecutivo.