Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 6 febrero 2026.- En Morelia el pleito por el pasaje volvió a prender motores. Pero aquí, dicen, no se trata de caprichos ni de invasiones, sino de poner las cosas claras sobre el asfalto. Luego de las declaraciones de Marco Antonio Saucedo Zavala, retomadas por algunos medios junto con comentarios del dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán (CRTM), José Trinidad Martínez Pasalagua salió al paso para fijar postura y, según sus palabras, hablarle derecho a los usuarios.
Primero, dejó en claro que la operación del servicio hacia Altozano no fue ocurrencia de última hora ni madruguete. Asegura que hubo autorización de la autoridad competente y diálogo previo. Y subraya que Saucedo no es autoridad ni tiene facultades legales para decidir qué rutas pueden o no circular en Morelia y su zona conurbada.
Segundo, afirmó que incluso, sin estar obligado, se sentó a dialogar con quienes sí representan a la Ruta Jesús del Monte, específicamente con Rafael Blanco García y Luis Franco. Ahí —dice— se acordó hasta dónde llegaría el servicio para no afectar su operación. “Y ese acuerdo se respetó”, sostuvo.
Tercero, lamentó que se busque “dar la nota” sin sustento y que haya quien quiera asumirse como “zar del transporte” o dueño de territorios completos. En tono firme, recalcó que ninguna ruta ni dirigente es propietario de Morelia ni de sus alrededores. Aquí la ciudad no se reparte como pastel.
Cuarto, rechazó que la crisis financiera de varias rutas sea producto de la competencia. Según explicó, el colapso se debe a la saturación desmedida de unidades, metidas sin planeación, lo que redujo ingresos y deterioró el servicio. Una responsabilidad, apuntó, directa de quienes administraron así el sistema.
Quinto, insistió en que no existe competencia desleal cuando no se invade ni se toca la Ruta Jesús del Monte. El servicio actual, afirmó, responde a una realidad: hay zonas fuera del libramiento donde el transporte urbano simplemente no alcanza, y los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de una visión cerrada que les niegue opciones de movilidad.
Pero donde sí apretó el acelerador fue en el sexto punto: lo verdaderamente ilegal —y eso sí es competencia desleal— es prestar servicio urbano con concesiones federales, con placas federales o foráneas, invadiendo rutas locales sin autorización. Una práctica que, aseguró, ocurre cotidianamente en salidas como Quiroga, Salamanca, Charo y Mil Cumbres, entre otras colonias. “Esa irregularidad ha sido tolerada”, acusó, señalando que no ha sido regulada como debería.
Finalmente, cuestionó las comparaciones de costos entre camiones de transporte masivo y combis, al señalar que se trata de modelos operativos distintos. Un camión masivo puede mover más de 150 pasajeros y cumple otra función social; reducir el debate al costo por unidad, dijo, es simplificar un tema técnico que requiere planeación seria.
El mensaje, en palabras llanas, es este: aquí no se trata de feudos ni de liderazgos con corona invisible. Se trata del derecho de la gente a un transporte digno, legal y suficiente. Porque en la jungla del asfalto moreliano, lo que menos necesita el ciudadano es otro pleito de micrófono; lo que urge son reglas claras, piso parejo y que nadie se sienta dueño de la calle.