- El Ejecutivo federal impugnará la decisión; Carta Magna prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral, aduce
Ciudad de México, 26 de marzo 2023.- La presidencia de la República anunció que, una vez sea notificada formalmente, impugnará la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, de suspender indefinidamente el llamado Plan B electoral e igual pedirá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revoque ese acuerdo.
Fue el pasado 24 de marzo cuando Laynez Potisek, como ministro instructor, dio entrada a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), y determinó suspender la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de este mes, por reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En un comunicado este domingo, la presidencia señaló que no es común en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie esa determinación. “Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, apuntó.
Desde la óptica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; “esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
Conforme a los criterios de la propia Corte, añadió, las medidas cautelares de esta naturaleza sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos.
“Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, señala el escrito oficial.
Asimismo, rechazó se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, pues no existe ningún proceso electoral federal en curso, “por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.
Refirió que el Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales, y al contrario, “con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes”.
El Ejecutivo federal, subraya, no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, “y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”.
