Cuatro militares han sido vinculados a proceso por un juez federal en relación con la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los soldados enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El incidente ocurrió el 26 de febrero, cuando los militares abrieron fuego contra una camioneta, matando a cinco jóvenes mexicanos e hiriendo a otro. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, sugirió que las muertes podrían haber sido una ejecución ya que los jóvenes no estaban armados y no se enfrentaron a los militares.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido que se determine el papel del Ejército en la matanza y que se castigue a los responsables.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también está involucrada en la investigación del caso. Diversas organizaciones civiles y organismos, incluyendo la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), han condenado el incidente y han solicitado una investigación “diligente, pronta e imparcial”.
