Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 7 septiembre 2026.– Porque denunciar un delito no debería convertirse en ponerse una diana en la espalda, el Gobierno de Michoacán anunció que este martes enviará al Congreso del Estado una iniciativa para proteger la identidad de víctimas, denunciantes y testigos de hechos delictivos.
La propuesta, anunciada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, busca que el Congreso local revise y respalde la iniciativa para posteriormente enviarla al Congreso de la Unión. La intención es que quienes sufran un delito o tengan información sobre algún hecho criminal puedan acudir ante las autoridades sin andar con el Jesús en la boca por miedo a represalias.
El planteamiento contempla que la identidad de las víctimas, denunciantes y testigos permanezca bajo reserva desde el momento en que se presenta la denuncia y hasta la etapa del juicio oral, específicamente durante el desahogo de las pruebas.
Desde la mirada del ciudadano, la medida toca un punto bastante delicado: el miedo. Porque de poco sirve decirle a la gente que denuncie si después existe el temor de que los delincuentes conozcan quién habló, dónde vive la persona o quiénes son sus familiares.
El propio Bedolla señaló que el temor a sufrir represalias es uno de los principales obstáculos para la procuración de justicia, pues las víctimas y quienes presencian un delito pueden preferir quedarse callados antes que exponerse a posibles consecuencias.
Y las cifras pintan un panorama bastante pesado. El consejero Jurídico del Gobierno del Estado, César Augusto Ocegueda, señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 97 de cada 100 delitos no son denunciados, situación relacionada en buena medida con la desconfianza y el temor a ser expuestos.
La iniciativa pretende modificar diversos ordenamientos federales, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la legislación en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, así como las leyes relacionadas con secuestro y extorsión.
El objetivo es que la protección de la identidad no sea solamente una promesa bonita en el papel, sino una herramienta jurídica que acompañe a la víctima o al testigo durante las diferentes etapas del proceso penal.
Para la ciudadanía, el asunto es sencillo de entender: si alguien sabe que puede denunciar sin quedar expuesto, existe una mayor posibilidad de que se anime a hablar. Y cuando la gente habla, las autoridades pueden tener más elementos para investigar y llevar a los responsables ante la justicia.
Ahora toca ver qué dicen los diputados y, sobre todo, si la propuesta logra convertirse en una protección efectiva. Porque el ciudadano que denuncia un delito no debería terminar escondiéndose del delincuente por haber hecho lo correcto.