Columna de Rogelio Raya Morales, para Pulso michoacano.
Cualquier aproximación a la realidad actual de nuestro país, estado o localidades particulares, tiene que considerar que nos encontramos en un proceso de cambios de significación que producen serias reacciones, en forma de confrontaciones, entre una sociedad dispuesta a generar transformaciones en todos los ámbitos de la vida social y un reducido grupo de conservadores corruptos y privilegiados. El gran marco de esta confrontación, es la disputa entre dos grandes proyectos de nación: por un lado, un proyecto que está a favor de una mejor distribución de la riqueza que nos lleve a disminuir al máximo las grandes desigualdades y la aberrante pobreza sobre las que se construyeron las grandes injusticias sociales y la preservación y aumento de privilegios para unos cuantos; un proyecto de nación que, en sus elementos centrales, busca que la sociedad mexicana viva con los mayores de bienestar en salud, educación, seguridad, recreación, empleo con seguridad laboral y salarios de calidad; un proyecto que busca la recuperación y rectoría de la actividad económica y de las grandes empresas estatales para beneficio del pueblo; un proyecto de nación que ha parado en seco la venta y el latrocinio de la riqueza natural nacional; un proyecto de nación que estimula la participación democrática, el respeto a la diversidad y la construcción de una convivencia cada vez más humanizada basada en los más altos valores que nuestra histórica cultura nos ha legado.
Por el otro lado, se encuentra un modelo de distribución de la riqueza nacional que sólo privilegia a unos cuantos multimillonarios, que utiliza la riqueza nacional para el pago de favores a intelectuales, escritores, pseudo comunicadores, etc. y que relega la solución de los grandes problemas nacionales al anteponer el mantenimiento de una riqueza mal habida en manos de una minoría. Este proyecto excluyente se sostiene sobre un régimen de completa antidemocracia, corrupción, dispendio, irracionalidad en el uso de los recursos públicos y preservación de grandes fortunas, ofensivas ante las necesidades de nuestros ciudadanos y que sólo se entreveran con los grandes capitales transnacionales para seguir una espiral de explotación, siempre ascendente, de nuestros trabajadores de la ciudad y el campo.
Si asumimos esta situación en términos de correlación de fuerzas, podemos decir que, al primer proyecto, lo apoya la mayoría de la población. Trabajadores, empleados, estudiantes, jubilados, migrantes, jóvenes, hombres y mujeres de todos los niveles y de todas las condiciones sociales que buscan incesantemente, desde hace mucho, una sociedad más justa más democrática y más humana. Aquí estamos nosotros. Esta fuerza no está organizada como debiera y sólo se expresa en momentos muy concretos, como lo puede ser el momento de una elección.
Al segundo grupo, lo apuntalan los grandes empresarios, dueños en realidad del país y de sus decisiones hasta antes del 2018, que han hecho su fortuna al amparo del presupuesto público, empresarios y funcionarios de los diferentes niveles de gobierno que han aprovechado su paso por la administración pública para su enriquecimiento irracional; a este régimen lo apoyan los miembros de una mafia o casta política inmoral, ya en avanzado estado de putrefacción; están también los mercenarios de la comunicación, los supuestos intelectuales orgánicos y otros elementos de regulación ideológica que han sido por siempre beneficiados de este régimen despótico y no podían faltar los remedos de partidos políticos pan, pri y prd, mc, algunos ya sólo con existencia en hojas membretadas. Un aspecto de mucha importancia es que aquí se encuentran, con un protagonismo exagerado e ilegal, órganos de poder creados, algunos derivados de la propia constitución y otros por el desorden neoliberal de los gobiernos pasados, tales como la suprema corte de injusticia, el inai, el ine, las diferentes comisiones reguladoras de ciertos campos de la actividad social, etc. De aquí deriva un poder que puede ser de funestas consecuencias si se le sigue abonando en su prepotencia.
En este proceso histórico de disputa entre estos dos proyectos de nación, para nuestro país, se conforman y desvanecen rápidamente coyunturas. Si bien el 2024 se abre ante nuestros ojos como una gran coyuntura caracterizada por la posibilidad que brinda para consolidar el nutrido conjunto de cambios e, incluso, profundizarlos, es cierto, también, que dentro de la misma se juegan otras coyunturas, quizá subordinadas, pero de igual importancia. Aquí es en donde entra la coyuntura que ya se comienza a construir y a definir en todos sus perfiles: la lucha por los puestos de elección popular para el 2024.
Continuará.
