Morelia, Mich., 2 de agosto 2023. En un intento por abordar las crecientes quejas de los residentes sobre las elevadas tarifas y abusos por parte de las compañías de remolque de vehículos, la ciudad de Morelia ha tomado la controvertida decisión de aumentar su flota de grúas bajo el resguardo de la Policía Municipal. A pesar de la justificación oficial presentada por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar y el comisionado municipal de Seguridad, Alejandro González Cussi, la medida parece generar más escepticismo que optimismo entre los habitantes.
La adquisición de cuatro nuevas grúas, sumadas a las dos previamente existentes en el parque vehicular de la Policía Morelia, ha sido promocionada como una iniciativa para supuestamente reducir la dependencia de los servicios de remolque privados. Sin embargo, muchos ciudadanos ven esta acción como un intento cuestionable de consolidar el control estatal sobre una práctica que ha sido fuente de controversia y conflictos.
El comisionado municipal de Seguridad, González Cussi, en su declaración a La Voz de Michoacán, menciona que la adición de estas grúas busca reemplazar el servicio privado de remolque, que ha sido objeto de quejas por sus tarifas exorbitantes y prácticas poco transparentes. Aunque se argumenta que esta medida fomentará la transparencia en el proceso, las voces críticas sugieren que podría fácilmente transformarse en un nuevo medio de recaudación para el gobierno local, exacerbando así las preocupaciones de los residentes.
Uno de los puntos clave de esta nueva estrategia es su relación con los operativos contra el alcoholímetro y la remoción de vehículos estacionados en zonas restringidas del Centro Histórico. Sin embargo, surge una incógnita sobre cómo se evitará la confusión entre las acciones de la Policía Municipal y otras agencias de seguridad que también están llevando a cabo operativos similares en las mismas áreas. Las denuncias previas por cobros excesivos a lo largo de la administración, sumadas a la falta de claridad en los protocolos, arrojan dudas sobre si este cambio será verdaderamente efectivo en beneficio de la comunidad.
Aunque se ha mencionado un supuesto control de las tarifas por parte de la Policía Municipal, las quejas previas sobre cobros abusivos, que en algunos casos han llegado hasta los 8 mil pesos por servicio, ponen en tela de juicio la capacidad y voluntad de las autoridades para supervisar y regular adecuadamente estas operaciones. A pesar de la promesa de devolución de diferencias en casos de abuso, esta medida parece insuficiente ante la posibilidad de que los patrones de prácticas opacas persistan.
