Por Manuel Maldía
El viernes pasado fueron liberados los dos vigilantes comunitarios del fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia, tras una semana de encierro injustificado. El juez que conoció el caso no tuvo opción: nadie presentó pruebas en su contra, ni siquiera las mínimas. Pero lo que parece una simple omisión legal encierra, en realidad, una maniobra mucho más grave: el intento deliberado de encubrir el mal proceder de la Policía Morelia, específicamente de la supervisora que encabezó la detención.
No nos confundamos: no entregar las videograbaciones de las cámaras corporales que portaban los elementos ese día no fue un descuido burocrático, fue un acto calculado. Porque esas imágenes —reglamentariamente obligatorias— no solo documentan lo ocurrido; también podrían haber dejado en evidencia abusos, errores, o el uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad.
La supervisora que encabezó la detención tenía la responsabilidad legal —y moral— de rendir cuentas ante el juez. No lo hizo. Tampoco lo hicieron los supuestos “afectados” que, según testigos, fueron sorprendidos robando. ¿Y qué pasó con el material audiovisual que debió acompañar el expediente? Desapareció. Se omitió. Se silenció. En suma: se ocultó.
Ese ocultamiento no puede leerse de otra forma que como una protección institucional al abuso. Porque si la actuación de los agentes fue correcta, ¿por qué esconderla? Si la detención fue legítima, ¿por qué no defenderla con pruebas? Lo que se revela aquí no es solo negligencia, sino complicidad.
Este episodio no es menor. No se trata únicamente de que dos ciudadanos pasaron días privados de su libertad sin justificación. Es la confirmación de que al interior de la Policía Morelia puede más el instinto de autoprotección que el deber de transparencia, incluso si eso implica falsear la realidad ante un juez.
El mensaje es peligroso: quien porta uniforme puede mentir u omitir sin consecuencias; quien vigila su colonia como civil, puede ser arrestado sin pruebas.
La comunidad de Villas del Pedregal sabe bien lo que eso significa. Durante años ha tenido que organizar su propia seguridad ante la ausencia efectiva de patrullajes y vigilancia oficial. Que ahora se les castigue por actuar —y se les exponga como delincuentes— es una bofetada institucional a la organización ciudadana.
La Policía Morelia no solo falló en proteger a los vecinos. Falló en rendir cuentas. Y lo hizo con premeditación. Hasta hoy, ni la corporación ni la Fiscalía General del Estado han emitido una sola explicación sobre la falta de comparecencia, ni mucho menos sobre las grabaciones omitidas.
No hay errores inocentes cuando se trata de justicia. O se cumplen los protocolos o se quebranta la ley. Y aquí, todo indica que alguien prefirió borrar las huellas de su mal proceder antes que asumir su responsabilidad.
Así no se construye seguridad. Así se alimenta la desconfianza, la impunidad y el resentimiento social.
Porque cuando los que deben dar el ejemplo son los primeros en encubrir sus propios abusos, lo que queda no es indignación ciudadana.