Por M. Angel Villa Juárez
Morelia, Mich. 13 febrero 2026.- En el jaloneo legislativo que se traen en el Congreso, ahora fue el sector transportista el que salió a responderle directo y sin rodeos al diputado Alfonso Chávez, mejor conocido como “Poncho” Chávez. Y no fue con grilla barata, sino con un posicionamiento que pone el dedo en la llaga: dicen que la reforma aprobada no es tan “garantista” como se presume desde la tribuna.
La carta, firmada por José Trinidad Martínez Pasalagua, presidente de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, arranca con tono respetuoso, pero firme. “Coincidimos en que la violencia no debe normalizarse”, dicen. Hasta ahí todo bien. El problema, aseguran, no es el objetivo, sino la forma.
El punto central del reclamo es constitucional. Cancelar de manera definitiva una licencia de operador —advierten— no es cualquier multa administrativa. Es, en los hechos, una inhabilitación profesional permanente. Es dejar a una familia sin sustento. Y eso, sostienen, conforme al artículo 5° de la Constitución, no puede ejecutarse sin una resolución judicial firme.
En otras palabras: no basta con que haya dictámenes o grabaciones. El debido proceso no se presume, se garantiza. Y eso, recalcan, le toca al Poder Judicial, no a decisiones administrativas disfrazadas de sanción ejemplar.
Pero el documento no se queda ahí. También cuestiona la supuesta igualdad en la aplicación de la reforma. “¿Se cancelará la licencia de cualquier particular que participe en una riña bajo el mismo criterio?”, preguntan. Y van más allá: “¿Se aplicará con la misma firmeza cuando el operador sea víctima de una agresión?”
El mensaje es claro: la ley no puede ser dura sólo con el trabajador del volante.
Y entonces viene el golpe más fuerte. Los transportistas recuerdan que en Michoacán los operadores enfrentan a diario extorsiones, cobro de piso, amenazas del crimen organizado, secuestros y asesinatos. “Ahí están muriendo trabajadores”, señalan. “Ahí están quedando familias sin padre, sin hijo, sin sustento”.
Reclaman que en esos temas no se ha visto la misma contundencia legislativa ni la misma energía en tribuna. Y lanzan preguntas incómodas: ¿no generan contenido mediático?, ¿no son políticamente rentables?, ¿o simplemente no son prioridad?
El posicionamiento aclara que no se trata de defender la violencia ni de pedir impunidad. “Defendemos la Constitución”, subrayan. Tampoco buscan privilegios; exigen proporcionalidad e igualdad ante la ley.
Como alternativa, proponen medidas de fondo: certificación anual obligatoria, profesionalización continua, protocolos de prevención y protección real frente a la delincuencia. Eso, dicen, sería una política pública integral y no una sanción que termina castigando al más débil de la cadena.
El debate ya está servido. De un lado, el discurso de orden y disciplina; del otro, el reclamo de garantías constitucionales y piso parejo. Lo cierto es que el transporte público sigue siendo uno de los sectores más golpeados, y mientras la discusión sube de tono en el Congreso, en la calle el volante sigue girando entre riesgos y tensiones.
La pregunta que queda en el aire es sencilla pero pesada: ¿la reforma busca justicia o sólo mandar un mensaje?