Columna de opinión de Manuel Maldía.
México es un país donde la muerte suele ir sin prisa. Donde los crímenes se investigan con parsimonia, entre bostezos burocráticos, sellos extraviados y fiscales que primero esperan la orden, luego la instrucción, y finalmente la luz verde política.
El martes 20 de mayo, a las siete de la mañana, sobre Calzada de Tlalpan, fueron ejecutados Ximena Guzmán y José Muñoz. No era un ajuste de cuentas entre pandilleros, ni un intento de robo que salió mal. Fue un asesinato profesional, con vigilancia previa, uso de tres vehículos clonados, chalecos tirados y una motocicleta negra esperando para la fuga. Lo dijo la autoridad: “quienes lo ejecutaron tenían experiencia”.
Y sin embargo —o precisamente por eso— en menos de 72 horas ya se había informado de los avances. Cuatro autores materiales identificados. Tres vehículos localizados. ADN en análisis. Rutas trazadas con precisión matemática gracias a las cámaras del C5. Una narrativa oficial coherente, sin titubeos ni el clásico “vamos a esperar el dictamen pericial”. En tres días, se armó el rompecabezas.
Yo, como tantos, me pregunté entonces: ¿Será que México ya cambió? ¿Será que a partir de ahora todos los asesinatos se resolverán en tres días?
Los muertos de primera y los demás
Ximena Guzmán era la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. José Muñoz, asesor de su equipo. Eran de casa. No eran ciudadanos anónimos, ni activistas molestos, ni periodistas incómodos, ni mujeres desaparecidas de barrios periféricos. Eran, en cambio, nombres con pase directo al círculo íntimo del poder capitalino.
Y cuando el muerto es del Gobierno, el Estado sí responde. La máquina despierta. Los funcionarios trabajan de noche. Las cámaras de seguridad mágicamente funcionan. El silencio se rompe.
Qué contraste con los más de 190 mil asesinados en los últimos 6 años en este país. Cifras que crecen como hongos, sin control, sin voluntad. Expedientes que se apilan. Vidas que se borran. Familias que piden lo mismo que ahora sí se otorgó: verdad, investigación, justicia. Y les niegan hasta el acuse de recibo.
Si algo reveló el asesinato de Guzmán y Muñoz, fue la selectividad de la fuerza del Estado. Su capacidad para actuar con rapidez… cuando quiere. Cuando conviene. Cuando el muerto tiene apellido y cargo importante.
Un operativo quirúrgico, una respuesta relámpago
El crimen fue de precisión. No improvisado, no espontáneo. Según la fiscal capitalina Bertha Alcalde, el asesino esperó a que ambos estuvieran juntos. Disparó con eficacia letal: ocho balazos para Ximena, cuatro para José, todos en puntos vitales. No hubo margen de error. Luego la huida, sincronizada, coreografiada: primero la moto, luego un auto azul en Iztacalco, más tarde una camioneta gris rumbo al Estado de México. Todos los vehículos robados, alterados, desechables.
En cualquier otro caso —uno cualquiera de los 80 asesinatos diarios que suceden en el país— esto bastaría para el estancamiento. “problemas entre bandas”, dirían. “Sin pistas”. “Estamos investigando”. Pero aquí todo se vio, se siguió, se comprendió. Se armó el mapa criminal como si fuera una escena de CSI en horario estelar.
La justicia relámpago: ¿excepción o nueva norma?
Si en este país fuera costumbre investigar así, la delincuencia estaría en retirada. Las fosas clandestinas tendrían excavadoras estatales. Las madres buscadoras serían acompañadas por el Ejército y todas las policías, no hostigadas.
Este crimen no es el inicio de una nueva política criminal. Es la excepción que confirma la regla. Porque aquí, los muertos se clasifican por su cercanía al poder. Hay víctimas con nombre y puesto, y hay otras con sólo un lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y muchas veces ni ahí.
La simulación también se afina
No se trata de minimizar la investigación. Ojalá todos los casos se resolvieran con esta rapidez. Pero no nos engañemos: esto no es justicia. Es reflejo condicionado. Cuando el poder se siente tocado, actúa. Y cuando no, deja hacer.
La Fiscalía de la Ciudad de México mostró que puede actuar con velocidad, coordinación, técnica y claridad. La pregunta es por qué no quiere hacerlo con todas las víctimas.
¿Dónde están las investigaciones igual de detalladas cuando se trata de activistas, de defensores de derechos humanos, de estudiantes desaparecidos? ¿A cuántos asesinatos de mujeres se les da este tratamiento? ¿Cuántos periodistas muertos han tenido este nivel de seguimiento?
Tres días de eficacia vs décadas de impunidad
Tres días bastaron para desenmarañar un crimen, pero décadas no alcanzan para explicar por qué México sigue enterrado en la impunidad. La eficacia sospechosa con este caso no es un triunfo, sino un recordatorio cínico: el sistema sí puede, pero no quiere.
Mientras el dolor de las altas esferas se atiende con operativos relámpago, los otros 190 mil crímenes se pudren en el limbo de las fiscalías, entre expedientes polvosos y promesas vacías. ¿Justicia exprés? No. Es el viejo truco del poder: apretar tuercas sólo cuando el escándalo quema, exhibir músculo cuando la herida sangra en titulares, y dejar que el resto se ahogue en las fosas del olvido.