Por M. Ángel Villa Juárez
Morelia, Mich. 19 junio 2026.-Para cualquier ciudadano o empresario que alguna vez haya tenido que enfrentar la maraña de permisos y ventanillas, cada trámite duplicado significa más tiempo perdido, más dinero gastado y más incertidumbre. Bajo esa lógica, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma que busca eliminar procedimientos ambientales repetidos cuando la Federación ya realizó la evaluación correspondiente.
El diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebró la aprobación de las modificaciones al Código de Desarrollo Urbano del Estado, las cuales pretenden armonizar la legislación local con la federal y evitar que un mismo proyecto tenga que recorrer dos veces prácticamente el mismo camino administrativo.
La reforma ajusta el Código estatal a lo establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que otorga exclusivamente a la Federación la facultad de evaluar el impacto ambiental de determinadas obras y actividades de gran escala.
De acuerdo con el legislador, el marco jurídico vigente generaba una duplicidad e incluso multiplicidad de trámites al exigir autorizaciones estatales adicionales para proyectos cuya revisión ya corresponde a las autoridades federales. Esa situación, sostuvo, provocaba retrasos, incrementaba costos y generaba incertidumbre jurídica tanto para desarrolladores como para ciudadanos.
Anaya Orozco aclaró que la reforma no representa una relajación de los controles ambientales, sino una distribución más clara de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
“La reforma no pretende eliminar ni flexibilizar los mecanismos de protección ambiental. Por el contrario, mantenemos la exigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental estatal para todos aquellos casos que no estén reservados expresamente a la Federación. Únicamente excluimos la duplicidad en los supuestos previstos por el artículo 28 de la LGEEPA”, explicó.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano, reconoce el principio de concurrencia entre autoridades federales y estatales, respetando las competencias que marca la legislación nacional y otorgando plena validez a las resoluciones emitidas por la autoridad federal.
El legislador añadió que las Manifestaciones de Impacto Ambiental de competencia federal suelen contener estudios técnicos más amplios y especializados, por lo que consideró más útil que las autoridades estatales concentren sus esfuerzos en verificar el cumplimiento de esas autorizaciones, en lugar de repetir evaluaciones ya realizadas.
Desde la óptica ciudadana, la reforma intenta poner orden en una burocracia que durante años ha significado más papeleo que soluciones. Si el mismo proyecto ya fue evaluado por la autoridad competente, evitar trámites repetidos podría traducirse en procesos más ágiles, menores costos administrativos y mayor certeza jurídica, sin dejar de lado la obligación de proteger el medio ambiente.